Afloran 425 empleos irregulares en tres semanas de Inspección de Trabajo en Canarias
El Gobierno de Canarias y la Seguridad Social, con el apoyo de inspectores de otras comunidades autónomas, realizaron más mil visitas a empresas del 4 al 24 noviembre en cuatro islas, imponiendo sanciones de más de un millón de euros. Se detectaron 218 infracciones por jornadas superiores al contrato, 39 extranjeros sin permiso de trabajo o residencia, y 12 personas trabajando y cobrando subsidios al mismo tiempo
El Plan Especial de Inspección de Trabajo en Canarias llevado a cabo entre los días 4 y 24 noviembre ha concluido con 3.333 actuaciones realizadas por 24 funcionarios, entre inspectores de Trabajo y la Seguridad Social y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social desplazados desde otras comunidades autónomas.
En este periodo se realizaron 1.019 visitas a empresas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife en el marco de la campaña relativa al control del empleo sumergido en distintos sectores de actividad económica. Las actuaciones favorecieron que 700 trabajadores mejorasen sus condiciones laborales, y se levantaron 344 actas de sanción a 160 empresas.
Según informó el Gobierno de Canarias, gracias a este plan han aflorado 425 empleos y se han identificado 168 personas trabajadoras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, de las que 106 corresponden a hombres y 62 a mujeres que no tenían ningún tipo de contrato de trabajo.
En este escenario, la actividad de la Inspección de Trabajo detectó a 12 beneficiarios de prestaciones que compatibilizaban el cobro de subsidios incompatibles con la realización de un trabajo, lo que supondrá que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejará de pagar un total de 111.437 euros.
Detectados 425 empleos irregulares en Canarias, 218 por jornadas superiores al contrato y 39 extranjeros sin permiso de trabajo
Asimismo, se contabilizaron 39 extranjeros no comunitarios trabajando sin la correspondiente autorización de trabajo y residencia y han pasado a jornada completa 218 trabajadores con contrato a tiempo parcial, 85 mujeres y 133 hombres.
Con todas estas actuaciones se ha conseguido que 381 personas trabajadoras tengan reconocida su relación laboral completa, especialmente de aquellos que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Sanciones que suman más de un millón de euros por empleo irregular en Canarias
Por otro lado, se han levantado o extendido actas con un total de 344 infracciones, con propuestas de sanciones por un valor total de 1.181.557 euros y distribuidas de la siguiente manera por razón de la materia. Referidas a la Seguridad Social, 539.597 euros; en materia de extranjería, 385.093 euros; por obstrucción a la labor inspectora, 137.267 euros, y en materia de relaciones laborales, 119.654 euros.
Por último, se han diligenciado un total de 226 requerimientos a las empresas visitadas, 108 en materia laboral y 118 de Seguridad Social, que además de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados pone de manifiesto “que este Plan no tiene ánimo sancionador, sino que sirva como instrumento para mejorar las condiciones laborales de muchas trabajadoras y trabajadores, así como la protección de las empresas que cumplen”, apuntó el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez.
"700 trabajadores han mejorado sus condiciones laborales”
El director territorial de la Inspección de Trabajo en Canarias, Francisco Guindín, señaló en el comunicado remitido desde el Gobierno autonómico sobre el asunto que “se ha conseguido el objetivo fundamental de aflorar el empleo sumergido hasta 425 empleos e importantes resultados en contratos a tiempo parcial, se ha ampliado la jornada a 250 trabajadores a tiempo completo además de sancionar a 160 empresas que no registraban su jornada de trabajo. En total, con esta actuación inspectora de refuerzo se ha conseguido la mejora de al menos 700 trabajadores en sus condiciones laborales”, concluyó.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, valoró hoy el resultado de las actuaciones “que, además de sacar a la luz situaciones de fraude en el mercado laboral que nos perjudican a todos, porque hablamos de personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social, entre otras malas prácticas, persigue garantizar los derechos laborales de los trabajadores”.