La Policía Nacional detiene a dos ganaderos por contratar personas extranjeras sin permiso de trabajo
La operación conjunta entre la Policía Nacional, Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenía por objetivo detectar actividades ilícitas contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y trata de seres humanos. Tras interrogar a 24 personas en 7 explotaciones y empresas, el operativo resultó en las dos detenciones y otras dos denuncias, cuyas sanciones pueden alcanzar los 57.000 euros
La Policía Nacional, en colaboración con Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha llevado a cabo un operativo en varias explotaciones ganaderas, agrarias y establecimientos en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el fin de comprobar y erradicar posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, fraude a la seguridad social y trata de seres humanos.
El desarrollo del operativo se llevó a cabo entre los días 7 y 13 de octubre, con un total de 7 inspecciones en las que fueron identificadas 24 personas, entre responsables y trabajadores, según informó el cuerpo policial en un comunicado remitido a los medios de comunicación este viernes, 25 de octubre.
Una vez finalizadas las investigaciones, se procedió a la detención de dos propietarios, o encargados -el comunicado no lo precisa-, a quienes se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores.
El motivo, según la Policía Nacional, es el hecho de contratar a ciudadanos extranjeros de manera reiterada, sin permiso de trabajo en España, e incumpliendo la normativa laboral y de inmigración.
Además, en el ámbito de competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se procedió a proponer sanción a las empresas de los detenidos, por irregularidades relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros que se encontraban en España careciendo del debido permiso de trabajo, ascendiendo la cuantía de las sanciones a un importe de 57.000 euros.
Por el momento, se desconocen las explotaciones y empresas a las que se refiere el comunicado, el origen de las personas que presuntamente han sido víctimas de explotación, o las circunstancias que dieron lugar a las supuestas contrataciones ilícitas.