Cabildo y Gobierno de Canarias avanzan en normativas paralelas de acampada y camping
En Canarias no existe actualmente una normativa específica que regule las acampadas, campings, y demás modalidades de alojamiento al aire libre. Tampoco en Fuerteventura, a pesar de los numerosos intentos de hacerlo desde el Cabildo, los ayuntamientos majoreros, y más recientemente el Gobierno de Canarias.
Si bien históricamente, algunos ayuntamientos han autorizado la actividad en zonas como el camping de Pozo Negro, en Antigua, en la costa norte de La Oliva, un área de servicio de autocaravanas en Tarajalejo, desde Tuineje, o por ejemplo en los barrancos Garcey o Guerepe, en Pájara, lo cierto es que lo han hecho ante la ausencia de una normativa marco que establezca directrices, a nivel insular o regional.
El Cabildo de Fuerteventura, tras varios años anunciando una regulación (Fuerteventura será la primera isla de Canarias en regular el uso de acampadas), expuso en agosto de 2022 la consulta previa de la Ordenanza para Fijar los Criterios de Implantación de los Camping y Acampadas en la isla de Fuerteventura, después de encomendar a Gesplan la redacción del planeamiento territorial de Fuerteventura, 13 instrumentos de ordenación en total, entre ellos el PIOF, planes de gestión de espacios naturales, y esta ordenanza.
Desde el colectivo de campistas, sus principales demandas en estos últimos años es el poder contar con zonas de acampadas y campings habilitadas y con servicios. De aprobarse en algún momento la ordenanza insular, los ayuntamientos de la isla serán los que tendrán en su mano la potestad de definir los espacios y condiciones donde autorizar la actividad.
El Cabildo acuerda en pleno iniciar la evaluación ambiental de la Ordenanza Provisional de Acampadas (OPI)
El último paso en este proceso tuvo lugar en el pleno del Cabildo de este viernes, 29 de noviembre, momento en que la corporación insular acordó iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la Ordenanza Provisional Insular (OPI) de acampadas, campings y áreas para caravanas.
La consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, explicó que “tras su paso por el Órgano de Evaluación Ambiental, el texto irá a aprobación inicial y luego se abrirá el plazo para presentar alegaciones con el objetivo de recoger las propuestas de toda la ciudadanía y agentes interesados para conseguir un documento consensuado”.
El documento deberá fijar unos criterios de homogeneización comunes para todo el territorio insular, que deberán seguir los ayuntamientos a la hora de elaborar sus reglamentos u ordenanzas municipales. Serán los municipios quienes en última instancia otorguen las autorizaciones y establezcan las zonas concretas de acampadas, áreas para caravanas u autocaravanas, y campings.
Tras este acuerdo, indicó el Cabildo en un comunicado, se solicita al Órgano Ambiental de Fuerteventura el comienzo de este trámite de cara a emitir informe ambiental estratégico pertinente.
Según resaltó la presidenta insular, “damos un paso más dentro del compromiso adquirido por el Cabildo de Fuerteventura de tener una ordenanza insular de acampadas”, dijo Lola García.
Subraya el comunicado que dentro de este procedimiento, se ha contado en todo momento con la implicación del equipo redactor de Gesplan, los ayuntamientos, la ciudadanía general y la propia Asociación de Campistas de Fuerteventura a los que se ha hecho partícipe.
Una nueva normativa de campings, también avanza también desde el Gobierno de Canarias
Durante el pasado mes de julio, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias abrió a consulta pública previa el Proyecto de Decreto regulador establecimientos de alojamiento turístico al aire libre y alojamientos turísticos singulares.
En el anuncio de la iniciativa, la consejera Jéssica de León explicó, que “se trata de una normativa necesaria debido al importante crecimiento de este tipo de turismo sin que exista una norma específica que lo regule, lo que provoca inseguridad jurídica en aquellas personas que desean emprender actuaciones en este sentido”.
Según explicó de León entonces, “con la modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias se eliminó cualquier referencia al respecto, y tratándose de un segmento consolidado es necesario adecuarlo a las nuevas tendencias de la actividad, con nuevas demandas y modalidades”.
En la exposición de este proyecto, detallaba la consulta "el primer problema que se pretende resolver, por lo tanto, es la ausencia de un marco normativo mínimo que regule esta actividad, la referida a los establecimientos de alojamiento turístico al aire libre y alojamientos turísticos singulares".
Esto es así porque hasta ahora, era necesario remitirse al Real Decreto 2545/1982, de 27 de agosto, sobre creación de campamentos de turismo (campings), "para poder atisbar el régimen jurídico de aplicación".
Por otra parte, agrega el texto, "no se puede obviar el impacto y la incidencia que este tipo de actividades produce sobre el territorio (...) a lo largo y ancho de las Islas Canarias, prácticamente sin control alguno", siendo "excepcionales" los casos adecuados a norma.
Su incidencia en el litoral de las islas, exponen, "es muy significativa, en el sentido de que la ocupación de ese espacio no se hace de acuerdo con parámetros mínimamente aceptables", en términos de sostenibilidad ambiental, o adecuación a la legislación de Costas y espacios naturales de Canarias. Este sería el segundo problema que, que según la Consejería de Turismo, "debe afrontarse y resolverse de inmediato".