La reforma del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Canarias entra en su tramo final, y será definitivamente aprobado a pesar de las reticencias de una parte del tercer sector. El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias apoyó este jueves el nuevo decreto de Dependencia, pese a la oposición frontal del sector de trabajadores sociales.
Los dos colegios de Trabajo Social de Canarias han presentado batalla, por un lado, porque el nuevo sistema “monofásico” elimina la figura de estos profesionales a la hora de emitir los informes sociales, perjudicando al colectivo en su conjunto.
Y por otro, por considerar que este proceso simplificado, en última instancia, “pone en serias dudas las garantías y derechos de las personas, independientemente de los perjuicios para nuestro sector”, declaró a Fuerteventura Digital la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Lole Fabelo.
Al mismo tiempo, el colectivo cuestiona los cambios que se avecina en el Servicio de Ayuda a Domicilio que prestan los ayuntamientos en Canarias, y que alertan, encamina los servicios sociales municipales “hacia la privatización”.
El sistema monofásico, un informe de Dependencia en lugar de dos
Desde el lado del Gobierno de Canarias, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha defendido que la intención de la nueva norma ha sido, en todo momento, acortar los tiempos y agilizar los reconocimientos de dependencia, ante una situación catastrófica en que, según los profesionales de dependencia, en las islas fallecen unas 3.000 personas al año a la espera de resolución.
En el momento que el Gobierno de Canarias presentó el decreto en el anterior Consejo de Servicios Sociales, en agosto, la consejera explicó que “hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico. Esto significa que para obtener la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley deben ir dos profesionales al domicilio del solicitante en distintas ocasiones”.
Esto incluye la visita de un valorador o valoradora que determina el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional que determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho.
Con el sistema monofásico, subraya la consejera, “acudirá al domicilio un solo profesional”, para determinar en ese mismo momento el grado de dependencia, con el informe PIA (Plan Individual de Atención), y reduciendo con ello “en un año el tiempo de tramitación”, puntualizó Delgado.
Tras el Consejo del jueves, Lole Fabelo rechazó una vez más el nuevo sistema por ser “ambiguo”. Cuando ese informe único lo realizará, explica, “un profesional sociosanitario que no se define, no sabemos en manos de quién va a quedar la valoración de una dependencia”, lamentó.
El Consejo General de Servicios Sociales, que cuenta entre sus miembros con representantes del tercer sector, de las distintas áreas del Gobierno relacionadas con Bienestar Social, cabildos, ayuntamientos o sindicatos, dio su apoyo mayoritario a este decreto, con solo 5 votos en contra y 10 abstenciones.
Los colegios de Trabajo Social no encontraron el apoyo suficiente a sus demandas, y aunque este consejo es únicamente consultivo, es decir, no vinculante, la propuesta del Gobierno sale adelante reforzada, en su inexorable camino para ser aprobado en Consejo de Gobierno, y finalmente, refrendado en el Parlamento de Canarias para su entrada en vigor.
Reducir los plazos de Dependencia
Por el momento, los argumentos del Gobierno se centran principalmente en los tiempos. Según los últimos datos de la Dirección General de Dependencia, a finales de noviembre se habían otorgado 58.771 prestaciones, lo que supone más de 15.000 incorporaciones con respecto al dato del inicio de legislatura.
La Consejería trata de marcar distancia con el Gobierno anterior del Pacto de las Flores, que entre los años 2019 y 2023 incorporó “apenas 20.000 prestaciones. El ritmo de concesión de ayudas del anterior ejecutivo era de unas 5.000 al año, mientras que en la actual legislatura se acelera y llega a casi 8.000 más anualmente”, expuso en un comunicado.
Asimismo, concluyen las solicitudes “hoy en día se atienden de forma mucho más ágil. Solo en estos últimos 16 meses se han incorporado casi 17.000 solicitudes más, mientras que en el cuatrieno anterior sobrepasaron escasamente las 8.000”.
Camino a la “privatización de la Dependencia”
Los cambios en la Ley de Dependencia no son el único frente de batalla de los trabajadores sociales. También ha levantado revuelo la modificación vía enmienda a la Ley de Presupuestos de 2025 desde los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno (PP y CC), dirigidas a modificar la regulación del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
Según explican los profesionales de Servicios Sociales en los municipios, estos cambios permiten a los ayuntamientos sustituir la prestación directa del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) por una ayuda económica para que las familias contraten el servicio por su cuenta.
Para la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, como explicó en su entrevista con Fuerteventura Digital, se trata de una medida que "abre la puerta a la privatización" y deja a las familias la responsabilidad de gestionar cuidados esenciales, denunció Lole Fabelo.
Los colegios de Trabajo Social entienden este cambio como un ataque a los Derechos Sociales de la ciudadanía, y que puede tener consecuencias tangibles especialmente en poblaciones y municipios pequeños o aislados.
Sin un ayuntamiento externaliza este servicio, o en lugar de dar el servicio directamente otorga al usuario una prestación económica, queda en mano del usuario el buscar una empresa que le ofrezca la asistencia.
Más de 20.000 personas en Canarias dependen del SAD, y con estos cambios, alertan, podría darse el caso de que ninguna empresa ofrezca profesionales para trasladarse al domicilio, ya sea por lejanía, incompatibilidad de horarios, u otros motivos.
El caso de Doña Carmen, de 83 años
Para ilustrar el nuevo escenario, los colegios ponen como ejemplo a Doña Carmen, de 83 años. “Vive sola en su hogar, donde ha pasado gran parte de su vida. Desde hace dos años, cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio, que le permite asearse, levantarse y mantener su casa, además de ofrecerle compañía y tranquilidad.
Este servicio ha sido clave para que conserve su autonomía y no tenga que trasladarse a un centro residencial, exponen en un comunicado, con la enmienda 2323, su municipio podría decidir reemplazar este apoyo por una prestación económica, obligándola a gestionar por su cuenta la contratación de personal cualificado.
“¿Cómo podría Doña Carmen coordinar horarios, garantizar la calidad de la atención o cubrir los costes si la ayuda no es suficiente? Situaciones como la de Carmen evidencian el riesgo de esta enmienda: el aislamiento y la pérdida de autonomía para miles de personas vulnerables”.
Todo ello, sin contar el detrimento de las condiciones laborales de los profesionales del sector. Como ocurre con el personal sanitario en una clínica privada o en un hospital público, las diferencias de salarios son considerables.
Posturas políticas también enfrentadas en el Parlamento de Canarias
Antes del debate de los Presupuestos de Canarias para el próximo año, los grupos parlamentarios escenificaron sus posturas con respecto a todos estos cambios normativos.
Desde la oposición, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció a principios de diciembre que esta medida supone "un retroceso en los derechos de las personas dependientes" y abre la puerta a una "privatización encubierta" de los servicios sociales. También el Partido Socialista se ha pronunciado en esta línea.
La portavoz de Bienestar Social de NC, Natalia Santana, cuestionó incluso la legalidad de la enmienda, señalando que “se está imponiendo por la puerta de atrás, mediante una modificación en la ley de presupuestos, sin respetar los procedimientos legales que garantizan la participación de los colegios profesionales, el Tercer Sector, los cabildos y los ayuntamientos”.
En respuesta, desde los grupos que apoyan al Gobierno, la diputada de Coalición Canaria (CC), Jana González, defendió la enmienda asegurando que “no altera ni modifica el artículo 10 de la Ley de Servicios Sociales de 2019” y que el objetivo es “dotar a los municipios de herramientas legales y jurídicas para contratar un servicio seguro”.
González acusó a la oposición de confundir deliberadamente a la población. “La oposición juega a enredar”, afirmó la diputada, quien recordó que el PSOE, durante la pasada legislatura, también priorizó las prestaciones económicas en ciertos servicios sociales. Para González, la reforma supone una mejora en la capacidad de los municipios para gestionar la ayuda a domicilio con mayor flexibilidad y autonomía local.
La parlamentaria majorera aseguró que, con esta enmienda, se garantiza la libertad de elección de las personas usuarias, “en función de la orientación y prescripción técnica de los profesionales de referencia, que son los trabajadores sociales”.
Jana González subrayó que el nuevo modelo no elimina la opción de la prestación directa, sino que amplía las posibilidades de contratación en virtud de la autonomía municipal.
Lejos de cerrarse el debate, queda todavía por delante el comprobar hasta que punto los cambios que promueve la Consejería de Bienestar Social supondrán una mejora o un empeoramiento de los servicios públicos.
