El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido este lunes día 9 de septiembre, ha adoptado unas serie de acuerdos de los que informó en un comunicado. Entre ellos, el ejecutivo ha autorizado un gasto de 20 millones de euros para mejorar el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. Esta inversión, que supone un aumento de 7 millones respecto al año anterior, permitirá ofrecer más horas de atención y ampliar el número de beneficiarios. Además, se fortalecerá la inspección y control de la calidad de estos servicios.
En respuesta a la crisis migratoria, el Ejecutivo canario ha destinado 2,2 millones de euros para la contratación urgente de 39 profesionales que se incorporarán a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. Este refuerzo del personal permitirá agilizar la atención y tramitación de expedientes de los más de 5.300 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en el archipiélago.
El Consejo también aprobó también una ampliación de créditos de 2 millones de euros, destinados a apoyar a la flota pesquera artesanal afectada por la inflación derivada de la guerra en Ucrania y a la reparación del muelle de San Miguel de Tajao en Tenerife. Además, se acordó dar luz verde al reembolso de 10,7 millones de euros a las navieras para compensar la bonificación de transporte interinsular. Por último, el ejecutivo informó acerca del cumplimiento del período medio de pago a proveedores, que se mantiene dentro del plazo legal de 30 días.
A continuación, se relacionan los comunicados remitidos a los medios sobre estos asuntos.
Bienestar Social destina 20 millones a impulsar y mejorar de calidad del servicio de ayuda a domicilio
El Ejecutivo autoriza el gasto para la contratación administrativa del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia y del servicio de inspección y control de calidad de los servicios domiciliarios. La partida, que supone 7 millones más que la cantidad destinada este año, permitirá ofertar más horas de atención y sumar a más beneficiarios
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy la realización del gasto derivado del expediente de contratación administrativa del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia, así como del servicio de inspección y control de calidad de los servicios domiciliarios dependiente de la Dirección General de Dependencia, por un importe 20 millones de euros para 2025. Este montante supone 7 millones más que la cuantía disponible este año, lo que permitirá ofertar más horas de atención y sumar a más personas beneficiarias.
En función del grado de dependencia de cada usuario se le otorgará un volumen de horas de ayuda a domicilio determinadas en el decreto 675/2023. Es decir, a una persona con grado III de dependencia se le asignará un número diferente de horas que a una con grado II, por lo que el número de personas que se beneficien variará dependiendo del grado y número de horas que precise la persona.
El servicio de ayuda a domicilio tiene como objetivo detectar, prevenir e intervenir en situaciones de crisis personal y familiar, y en su caso, en posibles situaciones de riesgo, y hacerlo en el medio habitual de la persona. De esta manera, se complementa a la familia y a las redes de apoyo en sus necesidades de atención de la vida diaria de la persona, mediante intervenciones profesionales que promuevan una mejora de la calidad de vida, incluyendo una serie de atenciones o cuidados personales de carácter doméstico, social, técnico y de apoyo psicológico a los individuos o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad. Al mismo tiempo, se persigue la mejora de las condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana.
Asimismo, busca realizar las intervenciones de forma integral, polivalente, comunitaria e individualizada, tomando como punto de partida la atención centrada en la persona, el respeto a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, favoreciendo las condiciones necesarias a fin de facilitar la autonomía personal y hacer posible la permanencia de la persona en su medio habitual de convivencia, estimulando la adquisición de competencias personales y evitando su institucionalización en un centro residencial o su traslado involuntario a otro entorno.
Esta prestación tiene entre sus objetivos prevenir procesos evolutivos de deterioro personal o de aislamiento, soledad, abandono, abuso, maltrato, marginación y riesgo social a las personas en situación de dependencia que por diversas circunstancias se encuentren limitadas en su autonomía personal, así como contrarrestar procesos evolutivos de deterioro de la situación socio familiar mediante el apoyo a la organización familiar, evitando situaciones de crisis. En definitiva, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, potenciando su autonomía, seguridad, relaciones sociales y el desarrollo de actividades, dentro de sus posibilidades reales, promoviendo la convivencia de la persona en el grupo familiar.
Por su parte, el servicio de inspección y control de calidad de los servicios domiciliarios del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) tiene como finalidad garantizar la calidad y eficacia del servicio de ayuda a domicilio mediante la evaluación y supervisión continua del mismo. Se trata de un contrato de servicios que tiene por objeto la vigilancia, inspección, supervisión, seguimiento, control y dirección o coordinación de la calidad de la prestación del SAD de forma continua durante la duración del contrato. Este servicio deberá analizar la situación actual del SAD, resaltando sus puntos fuertes, así como las debilidades que se detecten, y señalar las posibles mejoras del servicio que podrán servir de base para definir el futuro sistema de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
El Gobierno autoriza el gasto de 2,2 millones para la contratación urgente de personal dedicado a la atención de menores migrantes
La partida permitirá incorporar a 19 profesionales de Trabajo Social y 20 administrativos a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno un gasto de 2,2 millones de euros para la contratación urgente de personal dedicado a la atención de la infancia migrante no acompañada. En virtud de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias podrá tramitar un gasto plurianual para financiar el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal a cargo de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
El Gobierno de Canarias declaró el 1 de agosto de 2023 el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias, una situación que exige la necesidad de incorporar profesionales del área del trabajo social, además de administrativos, para agilizar la tramitación de la documentación de estos menores, atender las comunicaciones a la Fiscalía, llevar a cabo reunificaciones familiares, gestionar los traslados de menores a la Península u otros territorios de la Unión Europea o cursar los procedimientos de protección internacional.
A través de la financiación aprobada hoy se llevará a cabo la incorporación urgente de un total de 39 efectivos a la plantilla de personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias; en concreto, 19 trabajadores sociales y 20 administrativos.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, agradeció el trabajo que ha llevado a cabo la actual plantilla de la Dirección General a pesar de las dificultades. “El personal de la Administración ha trabajado sin descanso por garantizar los derechos de estos menores. Sin embargo, la plantilla es totalmente insuficiente para el desafío que supone atenderlos. Por ello, era indispensable incorporar a profesionales que nos permitan agilizar todos los trámites”, indicó.
La medida tiene como objeto impulsar la tramitación de los expedientes de los 5.300 menores migrantes no acompañados que Canarias acoge en la actualidad, así como dar cobertura a la llegada de menores no acompañados a las costas canarias en las próximas semanas. En estos momentos, el Ejecutivo regional cuenta con 81 centros abiertos para atender a estos menores.
El Gobierno destina un millón de euros a apoyar a la flota pesquera artesanal ante el alza de los precios por la guerra de Ucrania
El Consejo declara razones de coyuntura económica para la ampliación de créditos dirigidos a realizar este sector y otra por valor un millón de euros para la reparación del muelle de San Miguel de Tajao (Tenerife). Ambas actuaciones suponen el desembolso de dos millones de euros para apoyar a los pescadores del archipiélago, financiación que el Ejecutivo lleva a cabo con cargo al Fondo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA)
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 9 de septiembre, declarar las razones de coyuntura económica para la ampliación de créditos de dos aplicaciones presupuestarias, una dirigida a una ayuda a la flota pesquera artesanal de las islas para compensar el incremento de los costes de los insumos como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania, y otra a la reparación del muelle pesquero de San Miguel de Tajao, en Tenerife, tras los desperfectos ocasionados por el último temporal. Ambas partidas suman 2.032.818 euros que se financiarán con cargo al Fondo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.
Tal y como constata un informe la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la inflación derivada del conflicto bélico ha provocado pérdidas de renta en los pescadores. Por este motivo, el Ejecutivo canario en línea con la línea de apoyo aprobada el año pasado, ha autorizado el incremento de gasto hasta 1.009.818 euros para conceder una ayuda encaminada a preservar la competitividad y viabilidad de la actividad pesquera de litoral en un contexto que dificulta la comercialización de sus producciones.
Por otra parte, la aplicación presupuestaria ‘Actuación en el puerto de San Miguel de Tajao’ será incrementada hasta un importe total de 1.023.000 euros para acometer las actuaciones de adecuación de este enclave pesquero del sur de Tenerife, muy afectado por el último temporal.
El Gobierno de Canarias aprueba la implantación de un nuevo Grado en el archipiélago
Se trata del Grado en Biomedicina, que reforzará la formación en un área de creciente demanda sanitaria y científica
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, en su reunión celebrada el lunes 9 de septiembre, la implantación de un nuevo título oficial de Grado en Biomedicina por la Universidad Europea de Canarias. Esta iniciativa, propuesta por la universidad y avalada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, dirigida por Migdalia Machín, representa un avance en la oferta formativa del archipiélago, especialmente en áreas de alta demanda en los campos sanitario y de investigación.
El Grado en Biomedicina está diseñado para ofrecer una formación especializada en disciplinas como la biología molecular, la genética, la biotecnología y la investigación biomédica. Este programa responde a una creciente demanda por parte de los estudiantes interesados en carreras especializadas en áreas con alta proyección y relevancia científica. La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), ha evaluado y aprobado el desarrollo de la titulación garantizando su calidad académica.
En ese sentido, Migdalia Machín destacó el trabajo realizado por el gabinete técnico, encargado de supervisar todos los procedimientos relacionados con la implantación de nuevas titulaciones académicas en las universidades públicas y privadas de las islas.
La consejera subrayó la importancia de este nuevo grado asegurando que “la biomedicina es un campo que no solo responde a las necesidades del sistema sanitario, sino que también impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías y fomenta la investigación científica”.
En el primer año de gestión al frente de la Consejería, se han tramitado e implantado casi medio centenar de nuevas titulaciones en las universidades de Canarias, tanto públicas como privadas, lo que refleja un claro compromiso con la mejora y expansión de la educación superior en el archipiélago. “El Gobierno de Canarias seguirá trabajando en esta línea, ampliando y diversificando la oferta formativa, con el objetivo de generar un entorno académico que retenga y atraiga talento”, afirmó Machín.
La implantación de este Grado no conllevará costes adicionales para la Administración autonómica. Finalmente, cabe destacar que la creación de esta titulación académica se enmarca dentro del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 822/2021 y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, asegurando que cada nuevo programa se ajuste a los principios generales del Espacio Europeo de Educación Superior.
El Gobierno aprueba el reembolso de 10,7 millones a las navieras para compensar la bonificación de residente
El Ejecutivo regional bonifica con esta partida el 25% del coste de los billetes del transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias. Esta medida busca garantizar la conectividad entre islas y favorecer la cohesión social del archipiélago
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha autorizado el reembolso de 10.732.793,08 de euros a las entidades mercantiles Fred Olsen, S.A. y Naviera Armas, S.A. para compensar las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias por los viajes efectuados durante el primer trimestre del año 2024.
Este reintegro corresponde a la subvención otorgada a los residentes canarios por realizar viajes interinsulares durante los meses de enero, febrero y marzo en estas dos compañías que operan entre islas y que son bonificados en un 25% por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En este sentido, la Consejería realiza el pago de 6.928.153,34 euros a Fred Olsen, S.A. y de 3.804.639,74 euros a Naviera Armas, S.A. en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias de forma trimestral.
Desde la implantación del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado, la movilidad de los residentes canarios ha aumentado notablemente por la bajada de precios, y la mejora de las frecuencias.
Con esta subvención, ambos Gobiernos pretenden consolidar e impulsar la movilidad entre islas con frecuencia y precios razonables, favoreciendo la cohesión social de nuestro archipiélago.
Canarias ha cumplido con el período medio de pago a proveedores previsto por la ley de 30 días
La Intervención General ha elevado al Consejo de Gobierno su último informe sobre los períodos medios de pago y pendientes de pago correspondiente al ejercicio 2023 y primer semestre de 2024. De los datos obtenidos se desprende que el Gobierno de Canarias ha cumplido con el período medio de pagos a proveedores al respetar el plazo legal máximo establecido de 30 días para el abono de facturas de servicios y suministros.
El informe incluye los periodos medios de pago (PMP) y pendientes de pago (PMPP), distinguiendo por agente y plazos desde la entrada de la factura hasta su conformidad, y desde la conformidad hasta el reconocimiento contable de la misma. Tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, se pone de manifiesto que el conjunto de la Administración autonómica cumple con el plazo legal para su abono.
Desde el principio de la legislatura el Gobierno ha insistido en la necesidad de simplificación de los procesos y la mejora continua de los mismos. Por eso, desde la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, se valora positivamente el esfuerzo de los diferentes departamentos autonómicos y centros directivos por agilizar sus procedimientos. La información recabada servirá para reflexionar e implementar cambios y mejoras, evitar posibles retrasos y corregirlos para que no se vuelvan a producir.
La información emitida por la Intervención General tiene su fundamento en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014, en el que se adoptaron una serie de medidas para contribuir a la reducción del período medio de pago y garantizar el cumplimiento de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad y de estabilidad y sostenibilidad financiera, con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a todas las exigencias derivadas de la aplicación de la normativa de morosidad y de control de la deuda.
