El Parlamento de Canarias ha tomado en consideración esta semana, por primera vez en su historia, una proposición de ley promovida por un grupo de 13 ayuntamientos del Archipiélago, en este dirigida a regular la figura de los municipios turísticos.
La nueva norma, que ahora inicia su tramitación, busca establecer un marco jurídico que garantice la prestación de servicios públicos tanto a la población residente como a la turística, así como definir los requisitos para que una localidad obtenga o pierda la consideración de municipio turístico.
El impulso de esta ley proviene de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Arona, Adeje, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Teguise, Yaiza, Tías, Pájara, La Oliva y Antigua. Todos ellos tienen en común la enorme presión que ejerce sobre sus servicios públicos la presencia de una población turística flotante que, en muchas ocasiones, supera de forma exponencial a la población residente.
Tras su presentación en el Parlamento, dos autoridades como la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y el diputado majorero Mario Cabrera, trasladaron su apoyo a la iniciativa.
Un marco legal para los municipios turísticos de Canarias
El objetivo de la norma, según su exposición de motivos, es "promover la calidad en la prestación de los servicios públicos al conjunto de la población empadronada y también a la población turística". La ley contempla la creación de una organización administrativa específica para estos municipios, con la posibilidad de ampliar el personal necesario para la gestión de servicios y la promoción de un modelo turístico más sostenible y seguro.
El texto regula los requisitos y procedimientos para la declaración de municipio turístico, las obligaciones derivadas de esta condición y la dotación de estructuras administrativas que garanticen la eficacia en la atención de la población flotante. De igual forma, se pretende reforzar la prestación de servicios esenciales, como agua, residuos, transporte y seguridad, que suelen colapsar en los municipios con una alta concentración de visitantes.
"Un hito en la historia de la Cámara canaria"
Astrid Pérez, presidenta
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, calificó la jornada como "un hito en la historia de la Cámara canaria" y celebró la unidad de los alcaldes de distintos municipios y formaciones políticas para lograr una propuesta común. "Todo un ejemplo de altura política", declaró Pérez, quien estuvo acompañada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el saludo a los representantes municipales al finalizar la sesión.
Mario Cabrera: "El turismo genera un efecto cascada que afecta también a los municipios colindantes"
Por otro lado, en el debate del pleno del Parlamento, se pronunció el diputado del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Mario Cabrera. El parlamentario majorero apoyó la iniciativa, pero subrayó la necesidad de atender no solo a los municipios turísticos, sino también a los municipios colindantes, que sufren las consecuencias indirectas del crecimiento turístico.
“Muchas personas que ya no pueden permitirse vivir en los municipios turísticos, pero trabajan en ellos, se han tenido que trasladar a otros municipios por cuestiones como el encarecimiento o la falta de vivienda”, advirtió Cabrera, señalando el impacto de la presión turística sobre la oferta de vivienda.
El parlamentario majorero explicó que este "efecto cascada" se refleja también en la demanda de servicios públicos, como transporte, centros educativos, recursos sanitarios y la gestión del agua. "Esta situación afecta especialmente a islas como Fuerteventura y Lanzarote, que enfrentan una emergencia hídrica", añadió.
Cabrera recordó que la nueva ley responde a una necesidad que ya se había planteado en normativas anteriores, como el Decreto 1077/1977, la Ley 7/1985 o los intentos previos de crear el Estatuto de Municipios Turísticos de 2007. "Con esta proposición de ley, se cumple con el mandato legal de buscar las herramientas necesarias para gestionar mejor la presión del sector", señaló el diputado, que pidió "trabajar en la búsqueda de consenso con los municipios y cabildos insulares".
La norma, una vez completado el proceso parlamentario, se trasladará al Consejo Consultivo de Canarias y a la Comisión Municipal para su revisión final. "Es fundamental escuchar a los organismos locales, que son los que están más cerca de la población", apuntó Cabrera, quien insistió en la importancia de la participación de los cabildos en la elaboración del texto definitivo.
Con esta iniciativa, los 13 municipios turísticos de Canarias esperan contar con un marco legal que no solo les permita atender la presión de la población turística, sino también sentar las bases para una gestión más eficiente, sostenible y equitativa de los recursos en todas las islas.
