El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de cometer “fraude de ley” a la hora de intentar acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias, y ha presentado una solicitud de reconsideración a la Mesa del Parlamento de Canarias para revertir esta situación.
Una vez que el borrador de la norma fue aprobado en Consejo de Gobierno de Canarias (CC-PP), y se registró en el Parlamento de Canarias para su próximo debate -está por ver si habrá enmiendas-, los grupos de la oposición han criticado el trámite acelerado. Lo hizo también Nueva Canarias, en el momento de registrar el documento en la cámara, el 7 de febrero.
PSOE y NC-BC coinciden en reclamar una moratoria mientras se aprueba la regulación del alquiler vacacional en Canarias. "El Gobierno ha ignorado los informes que recomendaban una moratoria turística, y ha votado en contra de esta medida en dos ocasiones en el Parlamento de Canarias", protestó en un comunicado el portavoz socialista, Sebastián Franquis.
Mientras el PSOE acusa al Gobierno de ser responsable del incremento de viviendas vacacionales, el PP responde que lo que quieren es retrasar una regulación "necesaria" para afrontar la emergencia habitacional: la Ley pretende "dar respuesta al vacío legal existente respecto al alquiler vacacional en Canarias”, valoró el diputado autonómico del Partido Popular David Morales.
Según el portavoz socialista, Sebastián Franquis, el Ejecutivo autonómico justifica la urgencia por la “alarma social", que ha generado "el crecimiento exponencial del número de viviendas vacacionales, que ascienden en la actualidad a 64.412, así como por la desinformación que se ha realizado por algunos colectivos afectados”, dijo en referencia a ASCAV (Asociación Canaria de Alquiler Vacacional).
Además, el PSOE acusa al Gobierno canario de no haber actuado con la celeridad que ahora esgrimen para tramitar la normativa por vía urgente. “No ha actuado para evitar esta situación sino para empeorarla. Desde el 18 de octubre de 2023, cuando se inicia la tramitación de la Ley, hay 18.000 viviendas vacacionales más en el mercado”, sostienen.
Para el PP, el PSOE es "culpable del vacío legal"
David Morales, por su parte, acusó al PSOE ser culpable de la actual situación, por no actuar desde el Gobierno de Canarias la pasada legislatura. El PSOE, dice, es culpable de “alimentar la proliferación de este tipo de alojamientos sin mecanismos de control de ningún tipo” y de bloquear ahora una regulación que consideran imprescindible.
Para el PP, el borrador que ha conformado la Consejería de Turismo que dirige su compañera, Jessica de León, lo que pretende es “reafirmar y refrendar a la modalidad alojativa de la vivienda vacacional como una oferta más entre las englobadas en la modalidad extrahotelera de Canarias; junto a apartamentos, villas, casas rurales y casas emblemáticas, tal y como sucediera desde la aprobación del decreto 113/2015 que aprobó el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias”.
Morales ha reprochado la “incoherencia” de los socialistas, recordando que en las comisiones parlamentarias, el PSOE pedía una regulación rápida: "Primero exigía en la Comisión de Cabildos que esta regulación se tramitara por decreto para que fuera más rápido y ahora no consideran urgente la ley".
"Tendrán que explicar a sus electores y a todas las personas que sufren la emergencia habitacional en Canarias cómo es posible que el PSOE en las Islas considere que regular el alquiler vacacional no es una urgencia en el Archipiélago”, trasladó en un comunicado.
La opción de moratoria que el Gobierno descartó
Los socialistas critican que el Gobierno autonómico haya ignorado sus propios informes, que recomendaban una moratoria turística, y recuerdan que el Ejecutivo votó en contra de esta medida en dos ocasiones en el Parlamento.
En este sentido, argumentan que la falta de restricciones ha provocado que las viviendas vacacionales hayan crecido en Canarias en un 38,56% en los últimos meses, lo que supone 17.926 viviendas más.
Los socialistas explican que el propio Gobierno de Canarias conoce los informes incluidos en el expediente del Proyecto de Ley, elevados al Consejo de Gobierno, donde dejaban patente el crecimiento de las viviendas vacacionales, pasando de 46.186 en octubre de 2023, a 52.204 en marzo de 2024 y a 64.412 el 26 de diciembre de 2024.
A pesar de que el informe de oportunidad de la Ley ya alertaba de la incidencia de la vivienda vacacional en el derecho de acceso a la vivienda, el Gobierno canario aprobó el Decreto Ley 1/2024 de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, “que no sólo no contiene ninguna medida en materia de alquiler vacacional, sino que tampoco contiene ni una sola mención al alquiler vacacional”.
Y no es hasta siete meses después, el 1 de julio de 2024, cuando la cifra se elevaba a 58.447, en el momento en el que se acordó por urgencia en el seno del Gobierno tramitar el Proyecto de Ley por la vía de urgencia.
En el propio acuerdo, el Gobierno elevaba la cifra de viviendas vacacionales en Canarias hasta las 58.447.
Esta decisión de rechazar cualquier atisbo de suspender de forma temporal la concesión de nuevas licencias vacacionales a través de esta moratoria, ha provocado que las viviendas vacacionales hayan crecido en Canarias en un 38,56%, lo que supone 17.926 viviendas más.
En esta línea, añaden desde el PSOE que se trata de un expediente de 54 documentos y de 2.858 páginas, de las cuales 1.763 corresponden a las alegaciones de particulares e instituciones y de los colectivos afectados, a los que el Gobierno les arroga el calificativo de “desinformadores y generadores de alarma social”.
“Podemos concluir que el Gobierno en un evidente fraude de ley, ha tratado de justificar una urgencia en la tramitación que no se compadece con las propias decisiones que ha ido adoptando durante su tramitación interna”, expuso el PSOE en un comunicado.
