El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado en la sesión plenaria de este miércoles, 24 de abril, la extracción de tierras raras en Fuerteventura.
La iniciativa, partía de Propuesta No de Ley (PNL) presentada por el grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista, la cual recibió enmiendas para ampliar los acuerdos propuestos desde los grupos que respaldan al ejecutivo canario, y fue aprobada con el apoyo de todas las formaciones con representación en la cámara, a excepción de Voz, que votó en contra.
Intervinieron en este punto tres diputados de Fuerteventura, Natalia Santana, de Nueva Canarias, Mario Cabrera, desde el grupo Nacionalista (CC), y Manuel Cerezo por parte del PSOE. También Luz Reverón, del Partido Popular, Melodie Mendoza desde Agrupación Socialista Gomera ASG, Raúl Acosta del grupo Mixto, y por parte de Vox Nicasio Galván.
Y acudieron a presenciar la sesión representantes de los colectivos y localidades que han rechazado esta actividad minera en la isla majorera, y representantes insulares como la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, los alcaldes de los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario, Isaí Blanco y David de Vera, y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Pájara, Alexis Alonso.
Durante el debate, hubo cruce de acusaciones entre las distintas formaciones, dado el apoyo hasta el momento de la Cámara regional a impulsar la investigación de tierras raras en Canarias, incluso desde legislaturas anteriores. A pesar de ello, hubo consenso en cuanto al peligro ambiental y de salud para la población residente que puede suponer esta actividad de llegar a desarrollarse.
La excepción fue Vox, que defendió la oportunidad económica que puede suponer la actividad para Canarias.
El acuerdo aprobado, que por su naturaleza de PNL no tiene carácter vinculante, proponía inicialmente tres medidas planteadas desde NC, sobre paralizar cualquier tipo de autorización relacionada con los permisos de investigación y prospección, informar previamente en el futuro a las instituciones locales e insulares afectadas, y analizar el impacto ambiental que cualquier actividad minera pueda tener, a nivel ambiental y para las personas.
Tras las enmiendas de los grupos que apoyan al ejecutivo canario, los acuerdos aprobados se ampliaron hasta ocho. Fueron los siguientes:
Enmienda de Sustitución
1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a paralizar la tramitación de las solicitudes de investigación que se encuentren en trámite, previo los informes y trámites oportunos, adoptándose, en su caso, medidas preventivas necesarias para dicho objetivo.
2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a iniciar los procedimientos de revisión previstos en la legislación vigente a los efectos de paralizar cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de ‘tierras raras’ en la Isla de Fuerteventura.
3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a no tramitar nuevas solicitudes de exploración, investigación o extracción de “tierras raras” sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo Insular y los Ayuntamientos afectados, atendiendo a que es una actividad minera y extractiva con implicaciones socioeconómicas y ambientales de gran magnitud sobre Fuerteventura y a tener en cuenta esas consultas.
4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que facilite al Cabildo Insular y los ayuntamientos majoreros toda la información y documentación pertinente relativa a la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos diez años en Fuerteventura.
5. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que recabe previamente el parecer del Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos afectados, en la financiación de proyectos de investigación -públicos o privados- relacionados con las “tierras raras” en Fuerteventura.
6. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que no permita la tramitación de los permisos mineros por separado y de forma individualizada, cuando estos realmente forman parte de un plan conjunto, que requiere de una Evaluación Ambiental Estratégica.
7. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a llevar a cabo las modificaciones pertinentes en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al objeto de que cualquier yacimiento de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio, mar territorial y plataforma continental perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias, su investigación y aprovechamiento conlleve previamente informe de evaluación de impacto ambiental (medida transversal) y con la exigencia de las correspondientes garantías medioambientales y del plan de restauración asociado (medida sectorial específica), así como informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas. En definitiva, que impida la especulación del recurso y propicie una actividad minera que sea extremadamente respetuosa con el Medio Ambiente y la conservación de espacios naturales.
8. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a aprobar un Decreto Ley que legisle sobre la investigación y aprovechamiento de origen natural y demás recursos geológicos de la “Sección C” existentes en el territorio de Canarias, por el que se establezcan las medidas urgentes necesarias, relativas a su regulación, teniendo en cuenta toda la normativa ambiental existente, y que contenga la consideración de informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas territorialmente.
