Entre el Estado y la Justicia se decidirá el derribo del Oliva Beach
El Gobierno de Canarias reafirma su reclamación de competencias en Costas pese al fallo del Tribunal Constitucional, y dice desconocer una sentencia publicada desde el TC. Mientras RIU defiende la legalidad de su concesión, los grupos ecologistas celebran la caducidad de la misma, y exigen la demolición del hotel localizado junto a las Dunas de Corralejo
Una semana después de que el Tribunal Constitucional desestimara el conflicto positivo presentado desde el Gobierno de Canarias, reclamando las competencias en Costas para decidir el futuro del hotel Oliva Beach -en relación a la orden de derribo del Ministerio-, las reacciones de los distintos agentes implicados se han sucedido en cascada.
las últimas de ellas han venido del propio Gobierno canario, que a pesar del fallo, dicen que "seguiremos defendiendo, como hemos hecho desde el principio con el Oliva Beach, y con todos los asuntos que tienen que ver con Costas, que las competencias exclusivas le corresponden a la Comunidad Autónoma Canaria, según el Estatuto de Autonomía".
Fueron palabras de Alfonso Cabello, portavoz del ejecutivo, tras el Consejo de Gobierno del lunes 30 de septiembre. "Para nosotros es una línea roja, independientemente del expediente que esté detrás". Trasladó Cabello que el ejecutivo canario desconoce el fallo unánime del pasado pleno del Tribunal Constitucional, aunque la sentencia está publicada en la web del TC, con fecha del 27 de septiembre.
El conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de Canarias trataba de frenar la resolución de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -la socialista Teresa Ribera-, que en febrero de este año declaró la caducidad de la concesión otorgada a la entidad GEAFOND (dependiente de la cadena RIU), para ocupar y aprovechar el dominio público marítimo terrestre, y ordenaba la demolición del complejo de apartamentos.
Los ecologistas celebran la caducidad de la concesión a RIU
El pasado 29 de septiembre, Ben Magec-Ecologistas en Acción emitió una nota de prensa celebrando la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach y exigiendo su demolición. Según el grupo ecologista, el hotel ha incumplido reiteradamente los requisitos de la concesión, llevando a cabo construcciones ilegales como una rotonda y una carretera de acceso sin permiso, lo que provocó multas por parte del Ministerio de Transición Ecológica en 2022.
"Esta resolución es la victoria de quienes defendemos un modelo turístico sostenible y respetuoso", afirmó el colectivo, que también subraya que el hotel ocupa un espacio público dentro de un espacio de valor natural.
Para Ben Magec, se han vulnerado los requisitos "claramente establecidos en la concesión", y consideran que la demolición del hotel es posible, como ya ocurrió en 1989 con el llamado Hotel Dunas, en Maspalomas, que fue demolido por ocupar ilegalmente este espacio protegido. Además, enfatizan que "nuestra lucha no es contra RIU, contra el empleo ni es contra el progreso. Nuestra lucha es en defensa del territorio".
La defensa de RIU
Por su parte, Riu Hotels & Resorts ha respondido que continuará defendiendo su derecho a mantener el hotel operativo y que no hay argumentos que justifiquen la caducidad de la concesión, la cual fue prorrogada en 2016. La cadena defiende que las infracciones atribuidas por el Ministerio "carecen de fundamento" y que el hotel, construido en la década de 1970, cuenta con una concesión administrativa renovada por el Gobierno central.
La cadena propietaria del Oliva Beach ha reiterado que defenderá los derechos que considera legítimos en los tribunales, y ha vuelto a poner en valor la importancia de los 400 empleos directos que genera el hotel, así como el impacto positivo en la economía local de Fuerteventura.
Fallo del Constitucional en favor del Estado: "Las concesiones sigue siendo prerrogativa estatal"
El 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional desestimó por unanimidad el recurso del Gobierno de Canarias, que reclamaba la competencia exclusiva sobre las concesiones en Costas, basándose en el Estatuto de Autonomía de 2018.
Según el fallo del tribunal, del que informó el propio TC en un comunicado, la gestión de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre corresponde al Estado, no a las autonomías. La resolución limita las competencias canarias a la ordenación del litoral, mientras que la regulación de las concesiones sigue siendo una prerrogativa estatal.
Para los magistrados del TC, "la decisión de declarar la caducidad de la concesión no se encuadra en la ordenación del litoral", sino "en la competencia exclusiva del Estado de definir y establecer el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre" (ex art. 132.2 CE).
No obstante, según la información de EFE el día de la sentencia, el control de legalidad sobre si es correcta o no la decisión de declarar la caducidad de la concesión del hotel y ordenar su derribo corresponde todavía a la jurisdicción contencioso administrativa, en este caso a la Audiencia Nacional, al tratarse de una orden ministerial.