El Tribunal Constitucional ha fallado que compete al Ministerio de Transición Ecológica, y no al Gobierno de Canarias, decidir si el hotel Riu Oliva Beach de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) ha perdido su concesión por incumplimientos y, por tanto, procede su derribo.
Según ha adelantado Canarias Ahora y han confirmado a EFE fuentes del TC, el Tribunal ha dirimido a favor del Ministerio el conflicto de competencias abierto a petición del Gobierno de Canarias, que entendía que el Estado se estaba arrogando funciones sobre el litoral que corresponden a la comunidad desde el 1 de enero de 2023.
En esa fecha entró en vigor la transferencia de las competencias de costas a favor del Gobierno de Canarias, que por ello sostenía que debía ser la comunidad autónoma la que decidiera sobre la continuidad ese hotel, construido en los años setenta del siglo pasado.
Las Dunas de Corralejo fueron declaradas Parque Natural después, en 1982. Y el hotel disponía desde 2003 de un concesión otorgada por el Gobierno central que regularizaba su situación y le permitía seguir ocupando esos terrenos, de dominio público marítimo terrestre.
La misma concesión se amplió en 2007 y se prorrogó de nuevo en 2016. Sin embargo, el ministerio de Teresa Ribera detectó que la empresa había acometido una serie de obras y actuaciones que, a su juicio, excedían lo permitido en ella y la invalidaban, por lo que procedió a declarar su caducidad, en una decisión a la que se ha opuesto el Gobierno de Canarias, tanto bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres (PSOE) como bajo el mandato de Fernando Clavijo (CC).
En julio del año pasado, el Gobierno de Canarias se personó formalmente en ese expediente de derribo del hotel para advertir al Estado de que ya no le competía decidir sobre esa concesión.
El pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto esta semana, por unanimidad, que no es así, que el Ministerio de Transición Ecológica sigue siendo la administración facultada legalmente para decidir sobre la continuidad del hotel Riu Oliva Beach en las Dunas.
La sentencia se publicará en los próximos días y tendrá como ponente a César Tolosa, experto en legislación contencioso administrativa (presidió la sala de ese orden tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como, después, en el Supremo).
Las fuentes consultadas por EFE han precisado que el Constitucional solo ha dirimido un conflicto de competencias a favor del Ministerio.
Sin embargo, el control de legalidad sobre si es correcta o no la decisión de declarar la caducidad de la concesión del hotel y ordenar su derribo corresponde todavía a la jurisdicción contencioso administrativa, en este caso a la Audiencia Nacional, al tratarse de una orden ministerial.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre (EFE).
