El texto a continuación se origina en la aclaración de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, remitida a este medio, a continuación del artículo titulado "Zapata firma el interés general para ampliar la central de El Charco".
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha aclarado este viernes detalles sobre la orden dictada por el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, en relación a la Central Térmica de El Charco.
Esta resolución, titulada 'ORDEN del Consejero de Transición Ecológica y Energía por la que se declara el interés general del proyecto de ejecución de la Ampliación de la subestación Salinas 66 kV , conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario', dio lugar a un comunicado de Coalición Canaria, alegando que el ayuntamiento de Puerto del Rosario había denegado la licencia de obras para esta acometida, y denunciando la utilización de este procedemiento abreviado contemplado en la legislación canaria para llevarla a cabo.
Al respecto, fuentes de la Consejería de Transición Ecológica se han dirigido a este medio, aclarando que el proyecto denegado desde el consistorio no se refiere a la ampliación de la central de El Charco en sí, sino a otras actuaciones que explicaron del siguiente modo:
«No existe ninguna aprobación para ampliar la central térmica de El Charco. El interés general se le ha dado a una modificación en la subestación de DISTRIBUCÍÓN Salinas 66Kv. Esto significa que se autoriza realizar una actuación para permitir instalar un nuevo cableado que dé a Puerto del Rosario una mayor seguridad a un suministro que sigue siendo inestable y frágil y que continúa sufriendo diariamente riesgo de apagones.
Prueba de ello, datos como que el 28 de enero hubo un apagón de una hora que afectó al 7 % de toda la isla por no tener este tramo y conexión instalados.
Por tanto, la aclaración es que no se amplía la Central de El Charco, se asegura el suministro, con unas actuaciones que no contaminan ni emiten Co2, para evitar así nuevos apagones. Pedimos a los emisores de esta información que lean bien los expedientes para no trasladar su confusión a la opinión pública y que velen por el trabajo conjunto de la mano del Gobierno de Canarias».
Fuerteventura Digital, con el propósito de mantener una línea editorial transparente y consecuente con la información publicada, reproduce a continuación el texto y las declaraciones completos de la noticia original, a fin de que el lector pueda hacerse una idea de las distintas versiones sobre el mismo asunto.
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y la concejala de Urbanismo Ana Hernández, se han promuniciado este viernes públicamente para protestar por la decisión del consejero Mariano H. Zapata, responsable de Transición Ecológica (y de Energía) en el Gobierno de Canarias, de declarar de interés general la ampliación de la Central Térmica de El Charco.
En un comunicado del grupo de Coalición Canaria (CC) en Puerto del Rosario, exponen que la orden dictada por el consejero contradice frontalmente la resolución del Ayuntamiento, que ya había denegado oficialmente la licencia urbanística para dicho proyecto en septiembre de 2024.
Según la concejala de Urbanismo, Ana Hernández, el plan de ampliación "incrementa la volumetría y altura de la edificación existente, algo que infringe claramente el artículo 362.2 de la Ley del Suelo de Canarias".
El alcalde, David de Vera, ha sido tajante al acusar al Partido Popular de mostrar "una doble cara", afirmando que desde el Ayuntamiento han sido claros: "Esa instalación debe reubicarse lejos de la población, no ampliarse".
De Vera subrayó que la decisión del Gobierno regional es "un no rotundo" por parte del Ayuntamiento, e insistió en que la central térmica debería trasladarse a una zona no poblada, tal como recoge el planeamiento actual.
Hernández añadió que es "inaceptable" que se "imponga una decisión que prioriza intereses ajenos al bienestar ciudadano".
David de Vera, en declaraciones a Fuerteventura Digital, adelantó que la orden dictada y firmada por Zapata no es definitiva, pues para hacerse efectiva, deberá ser aprobada en el consejo de Gobierno de Canarias, contando con el apoyo no solo de los consejeros del PP, sino también de Coalición Canaria.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este mismo viernes Fuerteventura, pero no atendió a los medios para aclarar su posición respecto a este asunto.
De nuevol 6 bis en Fuerteventura, desoyendo a las instituciones insulares
El propio consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, se posicionó en un comunicado emitido desde el Gobierno en el mes de septiembre de 2024 en favor de un modelo energético "menos contaminante y más eficiente", comprometiéndose a la búsqueda de alternativas viables para la ubicación de infraestructuras energéticas, llegando a citar zonas como Zurita o Los Llanos Pelados como otras opciones para el traslado de la Central de El Charco.
Entonces, Zapata aseguró que cualquier decisión debería tomarse "de la mano del consenso con todas las administraciones implicadas".
El artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico ha permitido en varias ocasiones al Gobierno de Canarias declarar proyectos energéticos como de interés general, superando el planeamiento municipal y los informes desfavorables de ayuntamientos y cabildos.
Este artículo ha generado conflictos recurrentes en Fuerteventura, llevando incluso al Cabildo insular a acudir a los tribunales para frenar proyectos energéticos de energías renovables o subestaciones eléctricas, autorizadas en terrenos rústicos, colindantes con zonas residenciales como el barrio de Majada Marcial, y en general por encima del planeamiento vigente en la isla.
Actualmente, otra consejería distinta a la dirigida por Zapata, y dirigida por el consejero majorero Mauel Miranda, trata de incluir en la reforma de la Ley del Suelo una modificación del 6 bis, que afectaría a las áreas del primero, dando protagonismo a las corporaciones locales en cuanto a las declaraciones de interés general, como adelantó este medios en un artículo anterior.
Todos los partidos en Puerto rechazan la ampliación de la central
En declaraciones a Fuerteventura Digital, de Vera recordó que el pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario adoptó un acuerdo unámine en favor de trasladar la central fuera lejos del casco urbano de la capital, donde actualmente se sitúa muy cerca de las viviendas y negocios del Barrio de El Charco, ocasionando continuas molestias y protestas.
"Este Ayuntamiento, con todas las fuerzas políticas, incluido el PP, han acordado no utilizar el 6 bis para suplantar a instrumentos de ordenación como es el Plan General de Puerto del Rosario. Pero ahora otra vez el PP, a través del señor Zapata, recurre a un artículo extraordinario para ningunear a la administración local", obligando "a ampliar por interés general la vida útil de la Central Térmica del Charco".
"En la tarde noche de ayer lo primero que hice personalmente fue comunicárselo al PP a través de una concejal, para pedir las explicaciones que sean necesarias. Es un no rotundo por parte de este ayuntamiento. A mí me toca defenderlo como alcalde, pero buscar una alternativa a la Central Térmica del Charco es una decisión que hemos tomado todos", relató el alcalde.
La Orden de Zapata en la central de Las Salinas
Fuerteventura Digital ha tenido acceso a la resolución titulada 'ORDEN del Consejero de Transición Ecológica y Energía por la que se declara el interés general del proyecto de ejecución de la Ampliación de la subestación Salinas 66 kV , conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario'.
El documento detalla que la ampliación incluye una serie de instalaciones, entre ellas la canalización y cableado necesarios para conectar un nuevo transformador.
El proyecto fue solicitado por Red Eléctrica de España S.A. el 20 de junio de 2024. El 5 de marzo de 2025, la Dirección General de Energía emite informe para la declaración de interés general, alegando como factor la declaración de emergencia energética en la comunidad autónoma de Canarias de octubre de 2023.
De consolidarse la orden, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura contarían con un plazo de un mes para informar sobre su conformidad o disconformidad con el proyecto.
