El Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, y los seis ayuntamientos majoreros, comparecieron hoy para presentar una campaña de concienciación para frenar la proliferación de instalaciones ilegales en suelo rústico, y hacer balance sobre las actuaciones iniciadas ante la problemática.
Los municipios de La Oliva y Tuineje son los más afectados, y aquellos donde se han iniciado las inspecciones, con la participación de los ayuntamientos desde la Policía Local y departamentos de disciplina urbanística, SEPRONA de la Guardia Civil, agentes y técnicos de Medio Ambiente del Cabildo, y el trámite de expedientes desde la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
Con las instalaciones no autorizadas en suelo rústico, se refieren principalmente a los famosos contendores que han comenzado a proliferar por todo el territorio, y que son utilizados muchas veces como viviendas. Pero la Agencia el Medio Natural se refirió también a casetas y construcciones de madera, caravanas en solares, e incluso ocupaciones en primera línea de costa que se comercializan en alquiler vacacional.
Los municipios más afectados por estas prácticas son Tuineje y La Oliva, y son estos dos donde se han desarrollado las inspecciones los dos últimos años. En este sentido, también se han registrado casos en Puerto del Rosario y Pájara, aunque en menor medida. En 2025, se hará extensiva la campaña a toda la Isla.
La iniciativa fue presentada por la presidenta del Cabildo, Lola García, tras una reunión mantenida con el consejero de Política y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, dentro del plan de acción puesto en marcha por la Corporación insular, el ejecutivo autonómico y los ayuntamientos para eliminar este tipo de instalaciones que han proliferado en suelo rústico de todo el territorio insular, sin ningún tipo de encaje legal.
Primero avisar, luego sancionar
Según la presidenta insular, Lola García, "las instalaciones ilegales en suelo rústico son un problema serio". Desde 2021 en que se comenzó a abordar el tema, “los 500 expedientes en trámite incluyen infracciones acumuladas durante años, pero solo en 2023 y 2024 se han abierto 300 nuevos”.
Lola García y Manuel Miranda incidieron en que en primer lugar se comunica a los infractores para que retiren voluntariamente las instalaciones ilegales. En caso de no hacerlo, arrancan los expedientes sancionadores.
El Gobierno de Canarias, tras anunciar la actualización de la Ley del Suelo en cuanto a la ampliación de los plazos para tramitar expedientes de sanción, de cuatro a ocho años, aumentará también las cuantías de las multas ante este tipo de infracciones. En casos graves, si las afecciones se producen en espacios protegidos, alcanzarán los 600.000 euros.
Aunque también, Miranda anunció otra novedad, “las multas coercitivas, cuando no se produce la rehabilitación, y antes de la sanción. Estas multas varían entre los 300 y 3.000 euros y tienen carácter mensual o bimensual, hasta encadenar diez de ellas".
En la rueda de prensa, dieron cuenta de la campaña la presidenta del Cabildo, Lola García, el consejero de Política y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, en presencia de alcaldes y concejales, además de los consejeros insulares de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Nereida Calero y Carlos Rodríguez, y agentes de medio Ambiente y Policía Local.
Más problemas con cuartos de aperos y parcelaciones
La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega Montesdeoca, expuso que “no solo nos enfrentamos a contenedores en suelo rústico, sino también a edificaciones en la costa y parcelaciones ilegales”, explicó.
En respuesta a las preguntas de los medios, habló de que la parcelación de suelo rústico para usos no permitidos ha proliferado en varias zonas de la isla: “Hemos detectado anuncios en redes sociales ofreciendo terrenos en parajes protegidos. A los responsables de estas ventas se les está notificando la ilegalidad de sus acciones”, añadió.
También respondió sobre el uso indebido de los conocidos cuartos de aperos, que se solicitan como instalaciones agrarias y terminan siendo usados como vivienda e incrementando su edificabilidad. Montesdeoca explicó que en muchos casos se construyen con un tamaño superior al permitido o se destinan a usos residenciales, lo que genera expedientes de infracción urbanística. “Las sanciones pueden alcanzar los 150.000 euros y llegar hasta los 600.000 en espacios protegidos”, dijo.
No obstante, la directora de la Agencia no precisó, ante las preguntas de los medios, si cuentan con los medios necesarios para frenar con contundencia este tipo de infracciones. El hecho de ampliar de cuatro a ocho años los plazos para resolver, indica que en ocasiones no se resuelven a tiempo, y son también conocidas las carencias de personal tanto en los cuerpos policiales, agentes de Medio Ambiente, y departamentos técnicos municipales de Disciplina Urbanística.
Concienciación con el spot del cineasta majorero Adrián Tejero
Paralelamente a las inspecciones y sanciones, el Cabildo ha lanzado una campaña audiovisual para sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar el planeamiento territorial. El spot ha sido dirigido por el cineasta majorero Adrián Tejero, quien agradeció la oportunidad de participar en la iniciativa y destacó la necesidad de abordar esta problemática desde la concienciación ciudadana.
“Es fundamental que la sociedad entienda que estas prácticas no solo tienen consecuencias legales, sino que también afectan al paisaje y al ecosistema de la isla”, señaló Tejero.
El Cabildo de Fuerteventura ha trasladó que esta campaña contará con más acciones de divulgación, para reforzar las acciones de vigilancia y control ante la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico que atentan contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad en todo el territorio insular.
Manuel Miranda destacó la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y cuerpos de seguridad: “Vamos a seguir colaborando con policías locales, agentes del Cabildo, concejales, funcionarios y técnicos porque es la única manera de abordar un problema que no es exclusivo de Fuerteventura, pero que aquí tiene especial incidencia”.
“Con esta campaña, ponemos el acento en la importancia de respetar el suelo para preservar nuestro modo de vida y que la población conozca tanto la normativa al respecto, como el perjuicio que estos elementos pueden ocasionar en el territorio”, concluyó Lola García en el comunicado de la institución.
