Lo dejaba caer el consejero Manuel Miranda entre bambalinas el pasado miércoles, cuando estuvo en la isla para presentar el borrador de la actualización de la Ley del Suelo de Canarias, y lo confirma el texto del anteproyecto de Ley, que cumple una semana de exposición pública, incluyendo una disposición final diseñada específicamente para hacer frente a los excesos de otra norma del Gobierno canario, la Ley del Sector Eléctrico.
El controvertido artículo 6 bis de esa norma ha dado cobijo legal a la proliferación descontrolada de parques de renovables a lo largo y ancho del territorio majorero, permitiendo al ejecutivo autonómico declarar cualquier proyecto energético de interés general, en ausencia de planeamiento específico, en suelos rústicos, sin licencia municipal, e incluso por encima del pronunciamiento contrario de los cabildos o los ayuntamientos.
De hecho, el Cabildo de Fuerteventura, que ha presentado oposición a gran parte de estas instalaciones, ha tenido que acudir incluso a los tribunales para frenar, por ejemplo, un gigantesco parque de energía solar que dejaba prácticamente encerrado al barrio de Majada Marcial, en Puerto del Rosario.
La figura del Interés insular para un 6 bis que segurá a debate
Ahora, el borrador de la Ley del Suelo introduce modificaciones en el 6 bis para, “en caso de informe expreso desfavorable del ayuntamiento o del cabildo insular, o de ambos”, abrir un periodo de consultas de dos meses para tratar de alcanzar un acuerdo.
La norma trata, de este modo, de establecer un diálogo entre el promotor y la administración local. Eso sí, el Gobierno de Canarias se reserva el derecho, haya o no un consenso, de emitir un acuerdo favorable.
Así lo recoge el artículo reelaborado, que en su punto 7 dice que será el ejecutivo canario el que “legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación”.
Manuel Miranda: "El 6 bis es necesario” pero "escuchando a los cabildos"
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, acompañado del director general del área, Onán Cruz, presentó a técnicos instituciones de Fuerteventura el borrador en cuestión. Y antes de eso, atendió a Fuerteventura Digital para explicar las novedades respecto al 6 bis.
Miranda indicó que que el objetivo es trasladar a los cabildos la potestad de asumir este tipo de autorizaciones mediante la figura de la declaración interés insular: "En principio hemos hecho una propuesta que limita su utilización a infraestructuras de abastecimiento energético”. “Pensamos que tienen que ser las administraciones insulares las que den validez a esas implantaciones", dijo.
Y para ello, "queremos que sea a través de la declaración de interés insular. Es decir, que sean los propios gobiernos insulares los que, con su normativa, planes insulares y planes territoriales, den el visto bueno".
Dejó entrever que las intenciones con esta modificación de la Ley del Suelo es trasladar a las corporaciones insulares las decisiones en materia de energías renovables, de modo que "las empresas que quieren instalarse en el territorio deben ponerlo en conocimiento de los cabildos y que sean ellos quienes tengan la última palabra".
Sin embargo, esa declaración de interés insular no se menciona en el borrador de la norma, o no al menos, en la disposición final que modifica el polémico artículo 6 bis.
A nivel de planificación y en torno al resto de asuntos relacionados con Energía, el consejero sigue considerando que "el 6 bis es necesario, porque hay situaciones en las que el Gobierno tiene que tomar decisiones", aun reiterando que "no puede ser que un artículo excepcional se aplique continuamente”.
Como mismo recoge el artículo reelaborado en el anteproyecto, insistió Miranda, "hay infraestructuras energéticas que son competencia del Gobierno de Canarias y eso hay que respetarlo”. En este sentido, dijo, “la propuesta es que se mantenga para necesidades perentorias para abastecimiento, pero que no se utilice como fórmula para implantar renovables por falta de planeamiento, como ocurre ahora".
Posibles fricciones con los socios de Gobierno: “Habrá que negociar con Transición Ecológica”
En la imagen del pasado miércoles posaron varios líderes de Coalición Canaria - Asamblea Majorera, la presidenta del Cabildo y su consejera de Ordenación del Territorio, Lola García y Nereida Calero, y la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, representando a la FECAM.
La formación nacionalista ha abanderado durante los últimos años la batalla frente este polémico artículo de la Ley Energética que en Fuerteventura se ha aplicado de manera sistemática.
No ha sido así en otras islas de Canarias, posiblemente por contar con un planeamiento aprobado del que Fuerteventura carece, o por otros motivos que este medio, no puede explicar.
En la pasada legislatura, el enemigo en esta cuestión fue el consejero de Transición Ecológica y titular de Energía, José Antonio Valbuena, del Partido Socialista. En la presente, lo está siendo su sucesor en el cargo, el popular Mariano H. Zapata.
La Ley del Sector Energético no es la única que modifica el borrador de la Ley del suelo en sus disposiciones finales. También introduce cambios en otras regulaciones de Patrimonio y de Cambio Climático y Transición Energética. Es decir, desde la Consejería de Ordenación Territorial, se modifican normas de otras carteras, lo cual podría generar fricciones en el seno del propio gobierno que une a Coalición Canaria y al Partido Popular.
Mariano H. Zapata, no se ha pronunciado an al respecto, aunque el consejero Miranda, a sabiendas de que “el 6 bis es un artículo que seguirá a debate”, recalcó que estamos ante “un anteproyecto, un borrador”, reconoció que el Gobierno tiene que “cumplir una serie de hitos en materia de energías renovables", por lo que, adelantó, "tendremos que negociar con Transición Ecológica".
6 bis, el origen de los polémicos parques de energías renovables
El artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, ha habilitado al Gobierno autonómico durante los últimos años a declarar cualquier proyecto energético de interés general por “razones justificadas de urgencia o excepcional interés”.
Algo que podría entenderse, por ejemplo, ante un eventual peligro de desabastecimiento eléctrico, en Fuerteventura se ha convertido en la norma a la hora autorizar parques eólicos o solares por todo el territorio.
No obstante, gracias a -o por culpa de- este artículo, y en ausencia de planeamiento específico -en la isla majorera el PIOF es del año 2001 y un Plan TE se está redactando-, en Fuerteventura han sido autorizados desde las altas esferas del Gobierno decenas de aerogeneradores y parques solares en suelo rústico, sin licencia municipal, y desoyendo las protestas del Cabildo, los ayuntamientos, asociaciones ambientales y vecinos afectados.
Esta política no ha estado exenta de consecuencias, desde propietarios que han visto expropiados sus terrenos sin poder negarse, vecinos y vecinas que conviven con las instalaciones a pocos metros de sus casas, o las aves protegidas que han caído muertas bajo las aspas de los molinos, entre ellas hubaras y guirres, una especia en peligro de extinción.
La consejera Nereida Calero, que en la anterior legislatura fue como diputada majorera la voz más combativa frente al 6 bis, ahora trata de encontrar una solución mediante una regulación insular que especifique donde sí, y dónde no, se pueden instalar los parques de energías renovables.
En la presentación de la regulación, recordaba que la mayoría de instalaciones han llegado mediante la aplicación del artículo 6 bis de la Ley de Energía de Canarias, el cual “permite a las empresas instalar libremente proyectos de generación, transporte o distribución energética, sin respetar el planeamiento insular y sin tener en cuenta las particularidades de Fuerteventura”.
La modificación de la Ley del Suelo llega como un jarabe para la tos de los parques de energías renovables que continúan proliferando en la isla majorera a instancia de sus promotores, y con la connivencia del ejecutivo canario que los autoriza por interés general.
Está por ver si el planteamiento inicial de un consejero majorero como Manuel Miranda, conocedor de la situación por haber sido en el pasado consejero del Cabildo de Ordenación del Territorio, será suficiente. Y al mismo tiempo, valorar si la opción de introducir la declaración de interés insular, dando a los cabildos la potestad de autorizar proyectos estratégicos por encima de su propio planeamiento, no dará lugar a situaciones arbitrarias, como por ejemplo tuvo lugar con el polémico proyecto de Dreamland Studios, al que el pleno insular dio el visto bueno pese al levantamiento de una parte muy importante de la opinión pública en la isla.
