El Gobierno de Canarias prepara cambios en el uso del suelo rústico para actividades agrarias

El Gobierno de Canarias inició en Consejo de Gobierno el trámite de un nuevo reglamento dirigido reordenar y unificar criterios respecto a las actividades agrarias en suelo rústico. El texto irá a exposición pública y pasará por el Consultivo

Cultivo de vid en Fuerteventura |   2023, ©Fuerteventura Digital
Cultivo de vid en Fuerteventura | 2023, ©Fuerteventura Digital

El Gobierno de Canarias ha informado en un comunicado sobre el avance en los trámites del nuevo reglamento de usos agrarios y complementarios, dirigido a dotar de una regulación común al campo en el archipiélago.

Según valoró el ejecutivo, la norma se dirige a impulsar la actividad del sector primario a través de la implantación de criterios unificados que regulen la ordenación del territorio en el ámbito de la agricultura y la ganadería.

El Consejo de Gobierno de Canarias dio su aprobación al reglamento y su tramitación, seguida del proyecto de decreto para el desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias mediante la fijación de las condiciones urbanísticas que regularán las infraestructuras destinadas a actividades del sector primario que se pretendan implantar en suelo rústico.

Una vez superado el trámite de audiencia e información pública, el visto bueno del Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas; y Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, permite continuar con la tramitación del documento, que incluye la solicitud de los correspondientes informes preceptivos antes de ser sometido al dictamen del Consejo Consultivo para su posterior aprobación definitiva.

El reglamento que regula los usos agrarios y complementarios, junto con las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) son para el Gobierno de Canarias, herramientas fundamentales que "permitirán armonizar la legislación actual y solucionar la falta de criterios agronómicos en la mayoría de planeamientos de rango insular o municipal, lo que actualmente se traduce en dificultades para el desarrollo de la actividad agraria, tal y como vienen denunciando los profesionales del sector primario de las islas".