Avanza la Ley de alquiler vacacional rechazando el Parlamento las enmiendas de la oposición
Del repaso a las posturas enfrentadas en la cámara regional, se confrontan las de un Gobierno de Canarias (PP y CC) que defiende la necesidad de regular una actividad que se ha disparado para convertirse "en un caos", frente a las acusaciones de PSOE y NC-BC de legislar en favor de "los de siempre" y contra los pequeños propietarios, sin escuchar tampoco a los municipios
El pleno del Parlamento de Canarias debatió este viernes, 14 de marzo, en primera lectura, el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Con los votos de la mayoría que sustenta al Gobierno (Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y AHI), se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox.
La regulación del alquiler vacacional, uno de los grandes temas de la legislatura, de cuyo resultado dependerá una parte importante de la oferta alojativa turística en las islas, ha enfrentado fuertemente a los grupos de gobierno y oposición en la cámara. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de establecer reglas claras para equilibrar el derecho a la vivienda y el desarrollo turístico, desde la oposición se denuncia la falta de consenso en la elaboración del texto y el impacto que la norma puede tener en los pequeños propietarios.
El Gobierno defiende una regulación necesaria del alquiler vacacional
La consejera de Turismo, la majorera Jéssica de León (PP), defendió la regulación como una herramienta para "preservar lo que somos sin frenar el desarrollo" y señaló que el alquiler vacacional es una de las principales causas del encarecimiento del acceso a la vivienda en zonas turísticas. En este sentido, subrayó que en los últimos 14 meses se han sumado casi 18.000 nuevas viviendas vacacionales sin ningún tipo de control, lo que ha incrementado la presión sobre el mercado residencial.
De León expuso que el objetivo de la norma es “dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos" para que puedan "luchar contra el caos existente”, recordando que no se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que, en un plazo de cinco años, los ayuntamientos definan cuántas, cómo y dónde las quieren. “Y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable para impedir que afecte a la convivencia de los ciudadanos”, señaló.
"No podemos comparar la realidad de las Islas Verdes con los problemas de El Cotillo, que corre el riesgo de perder su identidad como pueblo"
Socorro Beato (CCa)
Desde Coalición Canaria, la diputada Socorro Beato defendió que el objetivo de la ley no es prohibir el alquiler vacacional, sino "regularlo para proteger el derecho a la vivienda, garantizar una competencia justa con el sector hotelero y preservar la calidad de vida en las islas". Beato insistió en que la proliferación de viviendas turísticas ha generado beneficios económicos para muchas familias, pero también ha agravado la crisis habitacional en las islas.
La diputada nacionalista criticó la postura del PSOE, al que acusó de cambiar de criterio tras haber solicitado inicialmente que la regulación se hiciera mediante un Decreto Ley. También reprochó a Vox que reduzca el problema de la vivienda a la inmigración ilegal.
"No podemos comparar la realidad de las Islas Verdes con los problemas de El Cotillo, que corre el riesgo de perder su identidad como pueblo", añadió Beato, al tiempo que garantizó que su grupo trabajará para que la ley contemple la diversidad territorial de Canarias y el papel de los pequeños propietarios.
Críticas de la oposición: falta de consenso e impacto en los pequeños propietarios
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, grupo que no presentó enmiendas a la totalidad, la diputada Esther González reconoció la necesidad de regular el alquiler vacacional, pero rechazó la forma en la que el Gobierno ha impulsado la norma. "Regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente no de esta manera", afirmó.
González denunció que el texto del Ejecutivo "está abocado al fracaso" porque es "inaplicable" y favorece la concentración de la riqueza en el sector hotelero. Según la diputada canarista, la ley "perjudica a los pequeños propietarios", que representan el 89% de las viviendas vacacionales en Canarias, y alertó de que los ayuntamientos y cabildos no cuentan con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
"Lo que está detrás de esta ley no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre"
Esther González.(NC-BC)
Además, criticó que el Gobierno haya rechazado la moratoria temporal sobre nuevas autorizaciones, lo que, a su juicio, ha provocado un crecimiento descontrolado del alquiler vacacional. "Lo que está detrás de esta ley no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre", sentenció.
Desde el PSOE, se criticó la falta de una planificación real para abordar el problema de la vivienda y la ausencia de medidas para garantizar un equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda. Los socialistas defienden que la regulación debería haber contado con un proceso más participativo y con el respaldo de los sectores afectados.
“Dicen que se trata de elegir entre turistas y residentes y que eligen residentes, y eso es falso. Aquí se trata de elegir entre los más fuertes o los más vulnerables, y como siempre ustedes eligen estar con los más fuertes”
Chano Franquis (PSOE)
El discurso de los socialistas fue en la línea de rechazar una regulación que privilegia a los operadores turísticos no hoteleros y va en contra de las familias canarias. “Ustedes meten en el mismo saco a una familia rica que tiene seis viviendas en esta modalidad alojativa, que a las familias que han heredado una segunda vivienda y la ponen en alquiler vacacional para poder llegar a fin de mes”, dijo Franquis.
Sobre las herramientas que la consejera defendió se ofrece a los municipios con este proyecto de ley, el PSOE considera que lo que hace es “trasladas a los ayuntamientos una carga inasumible y desproporcionada de fiscalización de la actividad de vivienda vacacional. Apostamos por ordenar y actualizar el sector, pero de forma pactada y con sentido común".
Claves de la Ley de Vivienda Turística que defiende el Gobierno: 90% residencial, 10% turismo
Según explicó nuevamente en un comunicado la Consejería de Turismo, la futura Ley fija límites, de modo que el 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. En el caso de las islas verdes, se respeta la singularidad y se establecen los porcentajes en un 80/20. “Se ordena por distrito, por pueblos y por barrios”, afirmó Jéssica de León, “para adaptarse a la realidad de cada zona con bisturí, como están haciendo el resto de las ciudades de España”, precisó.
Además, el texto prohíbe la comercialización de Vivienda de Protección Oficial; se fija que la vivienda de nueva construcción se quede en el mercado diez años como vivienda antes de convertirse en activo turístico, y se impide que las parcelas residenciales se sigan llenado de hoteles, “que no son hoteles, porque pidieron licencia como viviendas”, puntualizó la consejera.
La consejera de Turismo ofreció datos del crecimiento de la vivienda vacacional en el archipiélago desde 2021, “un 57% y los precios un 52%”, pero fue clara al afirmar que no es culpa de los propietarios, “esa no es la reflexión. La reflexión es que también aquí hay que equilibrar el mercado”, manifestó.
Se refirió al número de viviendas vacías en Canarias, 211.000 en 2021 y dio datos de algunos municipios como Betancuria con el 40% de las viviendas vacías o en Artenara con el 30%.
Próximos pasos
Tras superar el debate de primera lectura y el rechazo a las enmiendas a la totalidad, el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas continuará su tramitación en la Cámara autonómica. El Gobierno ha asegurado que seguirá trabajando en el texto para "mejorarlo" y adaptarlo a la realidad de cada isla y municipio.
Queda por resolver si los partidos que apoyan al Gobierno -CC, PP, ASG y AHI), introducirán de algún modo los cambios que demandan no sólo los grupos de la oposición, sino también desde el sector privado el colectivo del sector representado en la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) que rechaza frontalmente esta regulación, e incluso desde el ámbito público también han expresado reservas los cabildos y la federación de municipios de Canarias.