La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, compareció en rueda de prensa tras registrar en el Parlamento de Canarias la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que a partir de este momento inicia su trámite parlamentario.
Presumiblemente, los grupos que apoyan al Gobierno, CC, PP y ASG, son suficientes para aprobar la nueva Ley, aunque el debate parlamentario siempre puede dar lugar a modificaciones, desde los grupos de la oposición (PSOE, NC-BC y Vox), y desde las aportaciones que a través de éstos, puedan hacer por ejemplo municipios que no están conformes, o el propio colectivo de propietarios.
La consejera no trasladó nada especialmente novedoso -más allá de la reciente colaboración con comercializadores como Booking-, pues bien es cierto que, antes de llegar hasta aquí, la consejería se ha reunido con todos los sectores implicados, ha ido informando de todos los pasos del proceso, y ha dado audiencia en fase de sugerencias y alegaciones a cualquier ciudadano o colectivo interesado.
De León reconoció que el anuncio de esta regulación ha provocado un incremento del 30% de viviendas turísticas registradas. Pero dijo que solo sobre el papel, pues explicó que el hecho de presentar una declaración responsable no implica su explotación, y que en estos casos, “las viviendas vacacionales sin actividad van a decaer”.
Las aristas del alquiler vacacional
La regulación del alquiler vacacional en Canarias, antes de nacer, ya ha generado un gran revuelo en la sociedad canaria, primeramente por la dimensión económica que tiene un subsector con decenas de miles de unidades registradas para su explotación, y miles también que operan de manera irregular.
Lo que un principio comenzó como el alquiler de una segunda residencia entre propietarios y turistas, desviando una parte de la riqueza de la industria a quien antes no llegaba, se ha convertido en una actividad enormemente profesionalizada, y que ha generado situaciones indeseadas, como la conversión de complejos residenciales en turísticos, o las molestias que en muchos casos generan los turistas a los residentes.
También por el rechazo frontal del colectivo de propietarios, que ha centralizado ASCAV, la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional. ASCAV asegura que esta Ley, tal y como está redactada, “terminará con el 90% de la oferta en pocos años, afectando a 60.000 familias en Canarias”.
En sus últimas comparecencias, sus representantes esperan que en el arco parlamentario se escuchen sus demandas, “porque hasta ahora la Consejería de Turismo no lo ha hecho”.
Al respecto, aseguró la consejera que la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, se modificó con las aportaciones del colectivo del alquiler vacacional, y afeó la estrategia de comunicación de la asociación.
La consejera acusó a la asociación de emitir una nota de prensa, antes de que terminara una reunión que se estaba celebrando entre la Consrjería y representantes del colectivo. “Las relaciones no son las mejores, pero tienen la oportunidad de hacer llegar sus demandas a los grupos parlamentarios”.
Cruzar datos con las comercializadoras
En cuanto a implicar a las plataformas comercializadoras en el control del sector, la consejera lanzó buenas palabras para Booking, que según el gobierno ha comenzado a colaborar cotejando unidades que pudieran estar no inscritas, y con ello detectar la oferta ilegal y actuar en consecuencia.
Agradeció por tanto a Booking su disposición, y de Airbnb el cambio de postura reciente, pues dijo, “ellos tienen el deber de no ofertar nada que no sea legal”.
Claves de la proposición de Ley
Entre los detalles de la norma que ya se conocen, la futura ley busca proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles, por lo que impide, entre otras medidas, según la información del Gobierno de Canarias, implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial, y también quedaría prohibido comercializar en régimen turístico viviendas de protección oficial.
En lo que respecta al inicio de la actividad, el nuevo marco legislativo mantiene la declaración responsable, pero frente a la situación actual, esta deberá ir acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, actividades clasificadas sectoriales y turísticas.
Al respecto, De León aclaró en el momento de aprobar el documento en Consejo de Gobierno, que la ley no innova en materia de actividades clasificadas, que ya contempla el actual decreto 113/2015, ni asigna nuevas competencias a las corporaciones municipales o insulares.
Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la norma, aunque no será transmisible. En el caso de los explotadores no propietarios, podrán continuar su actividad por un período inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o veinte años.
El papel clave de los ayuntamientos en la regulación de la vivienda turística
La propuesta de la Consejería de Turismo es que, una vez aprobada, la Ley de vivienda turística establezca una especie de moratoria, al impedir autorizar nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento urbanístico lo habilite expresamente, al menos, durante los próximos cinco años.
Pero sí tienen los ayuntamientos la potestad de regular la actividad mediante ordenanzas. En este sentido, “la Ley ofrece herramientas a los ayuntamientos sin que sea necesario redactar un plan general", dijo en rueda de prensa la consejera.
De León puso a Granadilla de Abona como ejemplo positivo, o Las Palmas de Gran Canaria, lanzando un pequeño dardo a otros ayuntamientos como el de Santa Cruz.
En su opinión, la situación actual significa “pervertir la idea del planificador, al convertir inmediatamente el suelo residencial en turístico”. Lo que propone la norma, dijo, es “orden y equilibrio, entre las personas, el patrimonio y el medio ambiente”.
En un comunicado posterior a este artículo, Turismo del Gobierno de Canarias destacó otros aspectos de la intervención de la consejera. Se enlaza a continuación.
