Al menos dos mil personas, probablemente cerca de tres mil en algún momento, se echaron hoy a las calles de Puerto del Rosario para sumarse a las más manifestaciones del 20A, convocadas en todo el archipiélago para clamar por un nuevo modelo turístico y socioeconómico, bajo el lema “Canarias tiene un límite”.
Majoreros de toda la vida, mano a mano también con muchos vecinos y vecinas de otras regiones y países, igualmente residentes y afincados en Fuerteventura, compartieron lemas y proclamas en defensa de una isla, de un modelo, de una forma de vivir, que sienten se les escapa entre los dedos.
Se cantaron y plasmaron en carteles reivindicaciones de toda índole: “Canarias no se vende”, “Queremos vivir, no sobrevivir”, “Con tanto Airbnb, no sé puede vivir”, “Ni minas ni bombas, salvar la costa”, “Ni una cama más”, “La tierra no es rara, es nuestra”, “El agua es un derecho, no un negocio”, “Por la supervivencia, Ley de Residencia”...
Y entre todas ellas, el trasfondo de un hartazgo general, si no un padecimiento directo, ante unas condiciones de vida que consideran han empeorado lo suficiente para salir a protestar. La mayoría de asistentes consultados, coincidían en expresar ese sentimiento de pérdida.
Para un joven formado en Turismo, Omar Reyes, “nuestra generación está cansada de un modelo turístico que se ha demostrado, no funciona”. Considera que “la cadena de valor se queda en manos de turoperadores, cadenas hoteleras y aerolíneas que pertenecen a empresarios de fuera de Canarias, que lo único que hacen es generar impactos sociales y medioambientales. El canario se está dando cuenta de que esa idea que nos vendieron, de que el turismo es el motor de la economía, es arcaica, y hay que cambiarla”, comentaba junto a su grupo de amigos que sostenía este cartel: “Extraños en nuestra propia tierra”.
Desde Alquileres Justos Fuerteventura, su portavoz Vanesa Iglesias lamentó que “nuestros vecinos están sin casa, están pagando mil euros por una vivienda. No tenemos ese derecho, y la vivienda vacacional ha desplazado a los residentes”. No así lo cree María Morales, que como ciudadana particular defiende que, “analizando a las personas y colectivos que convocan, yo vengo a defender Fuerteventura. No hay que ir contra el turismo, ni se puede criminalizar a los pequeños propietarios de vivienda vacacional, que declaran en Canarias. Ese discurso deja fuera de la ecuación a los gobernantes políticos, que no han hecho políticas de vivienda”.
Una ecotasa turística, una moratoria al turismo vacacional, o una regulación frente a la compra de viviendas por parte de personas no residentes en el archipiélago, son algunas de las demandas comunes en todo el archipiélago. A lo que la docena de colectivos que organizó el acto final frente a la Delegación de Gobierno en la capital majorera, agregó problemáticas insulares como los "cortes de agua, carreteras innecesarias, torretas y líneas de alta tensión, parques eólicos, granjas solares en cantidades excesivas y mal planificadas en manos de multinacionales".
Para estos grupos y sus simpatizantes, “la isla se encuentra al borde del colapso”, y claman por "una transición energética, responsable y justa, en manos públicas, al servicio de la población", exigiendo "una planificación que priorice las necesidades de la gente" y "una garantía del acceso a la vivienda, al agua y a la energía como derechos fundamentales".
Los colectivos firmantes fueron Ben Magec - Ecologistas en Acción, Colectivo Guanil, Agonane, Asociación Patrimonial "El Efequén", Asamblea Popular de Fuerteventura, Clean Ocean Project, EcoFem , Intersindical Canaria, Coordinadora Montaña Tindaya, Alquileres Justos Fuerteventura, Plataforma Salvar El Cotillo, El Time Limpio y Sostenible.
Y paralelamente a todos ellos, Fuerteventura SOS Sostenible, y la Plataforma Tienes Agua Fuerteventura, convocaron igualmente una concentración este mismo día, con el lema “Fuerteventura tiene un límite”. Si bien su diagnóstico fue similar, este último colectivo agregó cuestiones como la cesta de la compra, la seguridad ciudadana, la vivienda o la educación, con un mensaje directo a “unas administraciones públicas, Gobierno y Parlamento de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, que no resultan accesibles, eficientes, útiles, cercanas y transparentes”, y lamentando aspectos como “el despilfarro constante de los recursos públicos en festejos, celebraciones, frivolidades y estupideces”.
Los primeros cerraron su texto con una batería de medidas, algo que no hicieron los segundos. Aunque lo más llamativo de todo, y que desconcertó a no pocos asistentes, fue que no hubiera un mínimo acuerdo para compartir en un mismo espacio los planteamientos de cada parte.
Ante las discrepancias y diversidad de posturas, surgió el mensaje más lúcido de la jornada. Luisa Peña, natural de Soria y residente en Fuerteventura desde hace dieciséis años, desde su silla de ruedas nos dijo: “Majoreros, espabilen”.
(*) A continuación, se reproducen íntegramente los manifiestos remitidos a Fuerteventura Digital por los dos grupos de convocantes.
MANIFIESTO UNIFICADO DE COLECTIVOS
Hoy no es la primera vez que Fuerteventura sale a la calle bajo el lema "Canarias tiene un límite". Hace ya 22 años, los colectivos de la isla se manifestaron con el grito "Ni una cama más".
Hoy la isla está al borde del colapso: cortes de agua, carreteras innecesarias, torretas y líneas de alta tensión, parques eólicos, granjas solares en cantidades excesivas y mal planificadas en manos de multinacionales que no benefician a la población, destrozando el paisaje majorero que tanto amamos.
Además, se agrava con el empeño, en estos últimos meses, del Gobierno de Canarias en la búsqueda de "tierras raras", que destrozarán zonas de máximo valor natural y geológico, y terrenos del común de la isla.
La emergencia hídrica nos ahoga. Mientras nuestras reservas de agua se desvanecen por el abandono de los sistemas tradicionales, se promociona un desarrollo descontrolado para piscinas turísticas y campos de golf. ¿Dónde están nuestros líderes cuando nuestra tierra se marchita y nuestros océanos se contaminan?
La biodiversidad de Fuerteventura está en peligro, sacrificada en nombre del progreso sin límites. Nuestros parajes naturales son testigos mudos del deterioro. La isla está declarada Reserva de la Biosfera, por eso es hora de implementar una ecotasa que revierta en la conservación de nuestros espacios naturales y genere empleo para las futuras generaciones. ¿Hasta cuándo permitiremos que esto continúe?
La población solo recibe perjuicios y ninguna recompensa: la agricultura languidece; nuestra economía sigue dependiendo del exterior; los derechos básicos se desvanecen; el sistema educativo está colapsado, los hospitales desbordados y parte de los recursos privatizados. Mientras, la factura de la luz no deja de subir, aunque nuestros bolsillos estén cada vez más vacíos.
Necesitamos un alto a esta vorágine, una planificación que tenga en cuenta nuestras necesidades, que integre y acoja con dignidad a la población migrante y dé respuesta a las necesidades de la tercera edad y a las personas con diversidad funcional, las cuales han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Queremos decidir juntos el futuro de Canarias.
La vivienda para la población local es casi una utopía. La presión inmobiliaria deja a miles de familias sin techo. Los precios están disparatados. Los alquileres se llevan el salario mensual. A pesar de batir récords de ocupación año tras año, nuestras condiciones de vida no mejoran. Casi el 40% de la población vive en la pobreza, con salarios que apenas les permite subsistir.
Son innumerables los macroproyectos turísticos que están destrozando cada día los Parques Naturales y nuestras islas, como la autovía o el hotel Oliva Beach en Fuerteventura; Chira-Soria en Gran Canaria; Cuna del Alma y la Tejita en Tenerife, entre otros.
Son las administraciones canarias las que han facilitado estos macroproyectos con infraestructuras energéticas, portuarias, viarias y turísticas sin control, agotando espacios y recursos naturales importantes para la vida y ocupando nuestro suelo rústico. Se utilizan las excusas de la energía renovable para seguir vendiendo nuestra tierra a intereses especulativos.
Por eso, demandamos una moratoria en la construcción de hoteles, de macroproyectos y viviendas vacacionales. No se trata de acabar con el turismo, sino de crecer de manera justa, priorizando a la población sobre los intereses de los grandes inversores.
Las promesas de diversificar la economía han caído en saco roto, pues a la clase política solo le conviene mantener sus intereses. Nuestros líderes legislan pensando en el beneficio del sector turístico, ignorando las necesidades del pueblo y sacrificando nuestro legado para las generaciones venideras. Es hora de decir basta.
EXIGIMOS:
Un cambio urgente de modelo turístico que nos desplaza y nos condena a la pobreza.
Una ecotasa para gestionar, proteger, mantener y desarrollar nuestros espacios naturales.
Una transición energética, responsable y justa en manos públicas al servicio de la población.
Una conservación del suelo rústico, potenciando y fomentando la agricultura, ganadería y pesca para garantizar la soberanía alimentaria de la ciudadanía.
Una moratoria turística y vacacional, y una regulación urgente de la compra de viviendas por personas no residentes con un uso especulativo.
Una garantía del acceso a la vivienda, al agua y a la energía como derechos fundamentales.
El abandono inmediato de la investigación de Tierras Raras con fines mineros.
Una ordenación del territorio respetuosa con nuestro paisaje, con sus valores y con nuestras vidas, que nos permita proteger nuestro patrimonio y nuestra cultura.
Un estatuto de neutralidad que nos permita vivir en un territorio pacífico.
Necesitamos una isla solidaria que respete la vida.
Basta ya, se acabaron las excusas.
¡LA TIERRA NO ES RARA, ES NUESTRA!
¡CANARIAS TIENE UN LÍMITE!
MANIFIESTO DE SOS FUERTEVENTURA SOSTENIBLE Y TIENES AGUA FUERTEVENTURA
La isla tiene un límite que hemos rebasado con creces. Esto no puede seguir así. El actual modelo de desarrollo de Fuerteventura resulta absolutamente insostenible, tanto para la actual como para las futuras generaciones. El consumo de los recursos de la isla está llegando a unos niveles críticos que resultan irreversibles y que, de no ser corregido, puede suponer una auténtica ruina a nivel territorial, económico y social.
Como no puede ser de otra manera, nos solidarizamos con los problemas y con las exigencias de las otras islas. Sin embargo, debemos plantear y reivindicar en primer lugar los graves problemas y carencias que afectan a Fuerteventura, la isla donde residimos y de la cual depende nuestro presente y futuro, así como el de nuestras futuras generaciones. En estos momentos, la situación es realmente crítica, y si no somos capaces de reconducir la dinámica, esta sociedad irá irremediablemente hacia la ruina y el desastre.
Nuestro actual modelo de isla está dando claras señales de agotamiento, fruto de la inacción durante décadas de nuestros representantes públicos.
El agua, un bien básico y fundamental para la vida, es absolutamente necesario para garantizar la supervivencia, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. En estos momentos, no se encuentra asegurado para la totalidad de la población. Nuestro modelo hídrico, que debería primar el suministro a los hogares sobre el resto de sectores productivos como el turismo y el sector primario, no cumple ni de lejos con sus funciones y objetivos. Precisamente la falta de conservación, mantenimiento y planificación de dichas infraestructuras durante décadas nos ha llevado a la grave situación actual, que resulta realmente insostenible.
La vivienda, uno de los principales pilares de organización de cualquier sociedad humana, a día de hoy representa un auténtico problema insolventable para una parte importante de la población. La total ausencia continuada de políticas públicas, la inseguridad jurídica que generan las actuales leyes y normas, la ausencia absoluta de financiación, la nefasta gestión del suelo urbano, la inoperancia de las oficinas técnicas municipales, la falta de planeamiento actualizado y adecuado, la falta de incentivos y de recursos para la puesta en marcha del motor de la construcción en la isla, la falta de iniciativas para la creación de nueva vivienda en todas sus modalidades, todo ello durante décadas ha llevado una situación límite para muchos residentes, cuya solución en estos momentos resulta absolutamente inalcanzable.
La total y absoluta ausencia de planificación adaptada a las actuales necesidades de la ciudadanía, en materia de ordenación y de protección del territorio, de ordenación y uso de los recursos naturales, para la implantación de las energías renovables y de sus elementos de transformación y de transporte. De un modelo de desarrollo turístico equilibrado, inteligente y sostenible, donde la riqueza generada sea compartida de una forma más justa, más participativa y más social, y donde el consumo de los recursos territoriales, paisajísticos y medioambientales sea el mínimo posible. Donde se establezcan las bases de un desarrollo urbano equilibrado, eficiente y sostenible que garantice el máximo bienestar de toda la ciudadanía. Será necesario abrir un debate serio y responsable sobre la capacidad de carga de la isla que sea acorde con los recursos disponibles, muy limitados en el territorio.
Un sector primario agonizante, que subsiste de ayudas institucionales, donde no se potencian, se definen y se establecen las condiciones adecuadas para el desarrollo de un modelo agrícola, pesquero y ganadero, adaptado a las particulares condiciones insulares a nivel de recursos, competitividad, eficacia, calidad, exclusividad y rentabilidad, de forma equilibrada y sostenible.
Unas administraciones públicas, Gobierno y Parlamento de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, que no resultan accesibles, eficientes, útiles, cercanas y transparentes para la ciudadanía. Donde la participación ciudadana es una inconveniencia necesaria que se intenta evitar a toda costa. Donde no existe, ni tampoco se promociona el concepto de servicio público y donde se usan las normas y reglamentos como arma arrojadiza contra la propia ciudadanía. Y también donde se confunde el interés público con el interés político de forma sistemática y constante.
La preservación de la integridad territorial de Fuerteventura, incluida su franja costera y marítima, donde se incluyen hábitats únicos en el mundo de valor irremplazable, que está siendo sometida de forma constante a intentos de agresiones de todo tipo motivados por la codicia de unos pocos y la complicidad o la desidia de otros cuantos. Una clase política que resulta incapaz de contener o de frenar los intereses especulativos sobre nuestro territorio, que incluso plantea sin ningún tipo de pudor un doble discurso totalmente contradictorio a nivel regional y a nivel insular sobre un mismo tema.
La creciente falta de seguridad ciudadana generalizada y la evidente falta de personal y de recursos a nivel local, autonómico y de cuerpos y fuerzas del estado, para hacer frente a una creciente delincuencia cada día más visible y más organizada, que supone una verdadera lacra para la convivencia y el bienestar de la ciudadanía.
El total y absoluto abandono de las infraestructuras básicas, los equipamientos y las dotaciones urbanas en casi la totalidad de nuestros barrios y asentamientos, motivado por una nefasta gestión urbanística continuada en el tiempo por parte de la mayor parte de los ayuntamientos de la isla. Que condenan a los residentes a una precariedad permanente en su necesario bienestar y condiciones mínimas de calidad de vida.
El despilfarro constante de los recursos públicos en festejos, celebraciones, frivolidades y estupideces, a la vez que se dejan de atender prioridades ciudadanas de carácter básico.
El creciente e incesante aumento descontrolado del nivel de la cesta de la compra, tanto en productos alimentarios como en materiales básicos, productos y servicios, incluso en transportes y combustibles. Estableciéndose un claro agravio comparativo entre las islas capitalinas, las occidentales y las orientales, siendo estas últimas las más perjudicadas en este tema en concreto, por decisión política del actual Gobierno de Canarias.
Una gestión pública a nivel sanitario insular realmente vergonzosa, motivada por una ineficaz gestión de los recursos públicos. Donde no existe el más mínimo interés de corregir o subsanar, con el objeto de beneficiar a la sanidad privada y donde las redes clientelares, el oportunismo o la falta de profesionalidad campan por sus anchas.
Una gestión pública a nivel educativo muy precaria e insuficiente, también motivada por una ineficaz gestión intencionada de los recursos públicos.
Qué decir de la dependencia, la asistencia sociosanitaria y la asistencia de los mayores. Una vergüenza absoluta. Donde por dejación manifiesta de las obligaciones de los entes públicos se expone a los sectores más vulnerables de nuestra población a condiciones de precariedad absolutamente injustificables.
Todos y cada uno de los motivos expuestos con anterioridad tienen una causa o motivo en común, que en todos los casos es consecuencia directa de una gestión pública de nuestros recursos por parte de los representantes políticos insulares en el Parlamento, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, durante décadas de desatención, desidia, desconocimiento, incapacidad, desinterés e incluso negligencia y mala fe.
Ellos son los únicos responsables y los verdaderos culpables de la actual situación de la isla y a ellos debemos reclamar un cambio de rumbo de forma urgente.
Fuerteventura tiene un límite y en este momento nos encontramos al borde del colapso.
