Las manifestaciones de la plataforma Canarias tiene un Límite pierden fuerza, es el mensaje que ha trasladado la prensa regional, una vez que la asistencia no habrá superado las 20.000 personas este domingo, 20 de octubre. La principal novedad de esta convocatoria, fue que las protestas tuvieron lugar en zonas turísticas de toda Canarias.
Si la asistencia fue menor, lo que no ha perdido vigencia es el mensaje de los manifestantes, que siguen reclamando un modelo socioeconómico más equilibrado, clamando por un cambio ante una realidad apoyada en datos, cuando todas las cifras apuntan hacia un desequilibrio entre la riqueza que genera el turismo, y la situación económica de la gente de a pie.
Las posturas de turistas, residentes y manifestantes se encuentran en Corralejo
En Corralejo, la protesta fue tranquila. Entre cánticos y pancartas, unas 500 personas participaron en el recorrido, partiendo del parque acuático y terminando con polcas y manifiesto en la Plaza Patricio Calero, recorriendo al completo la avenida comercial de la localidad turística y una parte del paseo marítimo, donde se concentran los restaurantes.
Por el camino, quedaron llamativas estampas de lemas contra el turismo masivo, frente a la atónita mirada de los propios turistas. Tres jubilados de Birmingham preguntaron: “¿Por qué están contra el turismo?
Al escuchar las explicaciones, de que la protestas se dirigen a las autoridades canarias, y que el problema está en los residuos, la falta de agua, la presión sobre el territorio, el encarecimiento de la vivienda, se mostraron a favor.
“Habíamos visto en las noticias (las de su país) que hoy había manifestaciones. Sabíamos que están en contra de que los extranjeros compren las casas”, relataron a Fuerteventura Digital. “No entendemos que protesten contra el turismo, que deja dinero”, dijeron en primer lugar”, aunque concluyeron apoyando a la población local, e incluso se mostraron dispuestos a pagar una tasa turística, “igual que la pagamos en otros sitios”.
“Estamos contra un modelo desarrollista que está destrozando al territorio y empobreciendo a la población”.
Adelina Padrón, Fuerteventura Tiene un Límite.
“Nos llegan 17 millones de turistas, y un 40% de los canarios están en el umbral de la pobreza. Siguen con las construcciones ilegales, y encareciendo el precio de la vivienda”, clamaban al frente de las pancartas, desde la plataforma Fuerteventura Tiene un Límite.
Limitar la compra de viviendas a no residentes, una moratoria turística, y una ecotasa que va a generar empleo y a proteger la naturaleza, fueron las principales demandas que explicaron en ese momento. “No estamos en contra del turismo, para nada. Estamos contra un modelo desarrollista, caduco, que está destrozando al territorio y empobreciendo a la población”.
Aunque estas explicaciones contrastaban con mucho de los cánticos y mensajes en las pancartas, que señalaban en inglés a los “europeos colonizadores”, o en italiano, una nacionalidad de la que “Canarias ya está llena”.
En una tienda de complementos y bisutería, una trabajadora aplaudía y se emocionaba al paso de las protestas. Su compañera también las apoyaba, porque “nadie puede vivir aquí hoy en día. La gente tiene que irse fuera”. “Yo tengo mi propia casa hace muchos años, pero no me da para vivir, y tengo que alquilar una habitación”.
Llegando al Muelle Chico, en la ventana de una de las casas del Casco Viejo, una señora mayor decía: “¿Ahora es que protestan? Esto se veía venir hace muchos años".
Siendo Corralejo una de las zonas más tensionadas de Canarias -incluso a nivel nacional-, en cuanto a la relación entre renta y precio de la vivienda, la sensación es que los residentes en la localidad turística no se echaron a la calle.
Algunos salían del agua de surfear, otros estaban trabajando, “muchos están bien, porque alquilan sus casas y sus locales”, decía un vecino de toda la vida”, y también “hay mucho caciquismo”, explicaban desde la plataforma, en referencia a que a muchos jefes de las empresas turísticas, “no les gusta ver aquí a sus empleados”.
La manifestación terminó en la Plaza Patricio Calero, con polcas reivindicativas y la lectura de un manifiesto. Allí, en nombre de la plataforma Fuerteventura tiene un límite, Adelina Padrón anunciaba una asamblea entre todos los colectivos convocantes de Canarias en noviembre, en Tenerife.
Argumentan que el Gobierno de Canarias no ha escuchado, que “no hay transparencia ni participación ciudadana”. Con respecto a las conclusiones presentadas desde el ejecutivo autonómico, precisamente, el viernes previo a la manifestación, Padrón considera que no hay que creérselas, es un paripé. “Nos seguiremos manifestando. Esto no termina aquí”.
Las cifras de asistencia en el 20O, segunda manifestación Canarias Tiene un Límite
Si entre 60.000 y 200.000 personas tomaron las calles el pasado 20A, según las cuentas de los convocantes o las que dieron los medios y fuerzas de seguridad, este domingo 20O probablemente no superaron las 20.000.
Según las cifras que han dado los medios y las fuentes oficiales, se echaron a la calle 8.000 manifestantes en Maspalomas (Gran Canaria), 6.500 en Las Américas (Tenerife), 500 en Corralejo (Fuerteventura), 1.500 en Puerto del Carmen (Lanzarote), 300 en Los Llanos de Aridane (La Palma), y algún centenar más sumando Valverde (El Hierro) y ciudades españolas como Madrid o Valencia.
A continuación, se reproduce al completo el manifiesto de Fuerteventura tiene un límite
Hoy en Fuerteventura volvemos a salir a la calle bajo el lema “Canarias tiene un límite”, tras seis meses de la anterior multitudinaria manifestación del 20 de abril. En la isla seguimos al borde del colapso: vulneración del derecho a la vivienda, cortes de agua constantes para la población, parques eólicos, granjas solares en manos de multinacionales que no benefician a la población, destrozando el paisaje majorero que tanto amamos. Además, contamos con enormes tasas de precarización y desigualdad que deja el modelo económico turístico actual.
Desde la Plataforma Canarias pa’lante se ha solicitado, en reiteradas ocasiones, un encuentro con la clase política del Gobierno de Canarias para que, de forma conjunta, se pudieran plantear las alternativas necesarias e inmediatas para ese cambio de modelo imprescindible. Y se ha obtenido siempre “la callada” por respuesta.
Y es que la precarización, pobreza, desigualdad y dificultad de acceso a la vivienda, así como la enorme contaminación de los espacios naturales causada por el modelo turístico, son problemáticas por las que hoy las islas volvemos a salir a las calles.
En la práctica, lo que han hecho es seguir aprobando planes obsoletos, como el de Canalbión (en Pájara), un plan turístico que invadía parte del Parque Natural de Jandía, anulado hace 20 años tras la sentencia judicial de anulación del Plan General de Pájara. En 2010 fue ratificada su ilegalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En la actualidad, el Ayuntamiento de Pájara ha vuelto a reactivar dicho proyecto, mediante convenio, que contará con 2.400 camas en la construcción de hoteles y villas turísticas, prohibiendo el uso residencial. Parte de dicho plan invade el Parque Natural de Jandía. Se hace caso omiso a la justicia con sentencia firme de derribo, como el caso de Oligomare (en Majanicho) o el previsto de Oliva Beach.
Otros planes que siguen adelante, acorde a su barbarie e inutilidad, son el macropuerto y el nuevo hotel de mil camas en Corralejo. A esto se suma el incremento de licencias de viviendas vacacionales que ha propiciado el Gobierno de Canarias por la ley de viviendas vacacionales, que, en lugar de acotar y establecer condiciones claras, permite o consiente que se mantengan las ilegales por 10 años prorrogables. Esto viene a empeorar la situación en La Oliva, que se encuentra entre los cinco primeros municipios de España con mayor porcentaje de vivienda vacacional (INE, 2021).
Son las administraciones canarias las que han facilitado estos macroproyectos con infraestructuras energéticas, portuarias, viarias y turísticas sin control, agotando espacios y recursos naturales importantes para la vida y ocupando nuestro suelo rústico. Se utilizan las excusas de la energía renovable para seguir vendiendo nuestra tierra a intereses especulativos.
Por eso, seguimos demandando una moratoria en la construcción de hoteles, de macroproyectos y viviendas vacacionales. No se trata de acabar con el turismo, sino de crecer de manera justa, priorizando a la población sobre los intereses de los grandes inversores.
La vivienda para la población local es casi una utopía. La presión inmobiliaria deja a miles de familias sin techo, indistintamente de su profesión. Los precios están disparatados, cuando el archipiélago canario es la segunda comunidad con el salario más bajo del país, según el INE (2023). Una persona joven, para poder vivir sola, debería destinar el 94% de su salario, como muestran los datos del Consejo de la Juventud de España (2023).
A esto se añade que el derecho a la vivienda en Canarias está marcado por una discriminación racista que dificulta el acceso a las personas racializadas y migrantes de las islas. Este problema se agrava con el aumento de viviendas vacacionales, turísticas, la falta de vivienda pública y el desplazamiento de estas comunidades hacia las periferias. El informe de Provivienda de 2022 revela que la vivienda es el ámbito donde se produce mayor discriminación racial, lo que aumenta la vulnerabilidad y exclusión de las personas racializadas. Además, el racismo institucional coloca a las personas migrantes en situaciones de extrema precariedad y explotación laboral. De hecho, la población en Canarias aumenta más por la llegada de personas europeas que por la llegada de personas africanas o latinas.
Queremos remarcar nuestro absoluto rechazo a los discursos racistas y fascistas que tratan de hacer creer lo contrario, lanzando odio contra las personas por su color de piel, origen o clase social.
Hay que destacar que, a pesar de batir récords de turistas año tras año, nuestras condiciones de vida no mejoran. Canarias cuenta con más de un tercio de su población (un 36,2%) en riesgo de pobreza y/o exclusión social. A esto se añade que no hay un control de la promoción de la vivienda vacacional, e incluso se han dado como vacacionales viviendas que fueron de protección oficial.
No olvidemos que se trata de un problema sistémico de base: no es casual que el 1% más rico acumule casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial, como demuestra el informe ‘La ley del más rico’ (Oxfam, 2023). Por eso, ¡exigimos un cambio de modelo! Un cambio que deje de empobrecer a la mayoría mientras beneficia y enriquece a los grandes tenedores inmobiliarios, a industrias como la hotelera y empresas especuladoras, fomentando así la desigualdad social. Se ha centrado todo en un modelo económico que realmente no se materializa en unas buenas condiciones de vida para la población local porque tenemos unos niveles de pobreza altísimos.
Las promesas de diversificar la economía han caído en saco roto, pues a la clase política solo le conviene mantener sus intereses. Se sigue legislando pensando en el beneficio del sector turístico, y no repercutiendo en las condiciones laborales y personales del personal laboral del sector turístico, como Las Kellys. Pues el 70% de las 'Kellys' tiene que automedicarse para soportar la carga de trabajo que deriva en daños cervicales, lumbares, estrés y ansiedad, según datos de CCOO.
La población solo recibe perjuicios y ninguna recompensa: la agricultura languidece; nuestra economía sigue dependiendo del exterior; los derechos básicos se desvanecen; el sistema educativo está colapsado, los hospitales desbordados y parte de los recursos privatizados. Mientras, la factura de la luz no deja de subir, aunque nuestros bolsillos estén cada vez más vacíos.
Necesitamos un alto a esta vorágine, una planificación que tenga en cuenta nuestras necesidades, que integre y acoja con dignidad a la población migrante y dé respuesta a las necesidades de la tercera edad y a las personas con diversidad funcional, las cuales han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Queremos decidir juntos el futuro de Canarias.
La emergencia hídrica sigue igual. Mientras las reservas de agua de la población se desvanecen por el abandono de los sistemas tradicionales, se promociona un desarrollo descontrolado para piscinas turísticas y campos de golf.
La biodiversidad de Fuerteventura está en peligro. Los parajes naturales son testigos mudos del deterioro. Cada día se publican en las redes sociales actos vandálicos en espacios naturales y protegidos, haciendo caso omiso incluso de carteles informativos sobre el valor y la prohibición de acceso. Por ejemplo: Tindaya, Calderón Hondo, Barranco de Los Enamorados, el empeño de la búsqueda de “tierras raras” que destrozarán zonas de máximo valor natural y geológico. ¿Se denuncian y se multan a estas personas o entidades?
La isla está declarada Reserva de la Biosfera, por eso es hora de implementar una ecotasa que revierta en la conservación de nuestros espacios naturales y genere empleo. El presidente del Gobierno de Canarias, Clavijo, da como respuesta que no es competencia suya sino que corresponde a cada ayuntamiento.
Se sigue ignorando las necesidades del pueblo y sacrificando nuestro legado para las generaciones venideras.
Es hora de decir basta.
INSISTIMOS EN LAS MISMAS EXIGENCIAS:
1. Un cambio urgente de modelo económico turístico que fomente la desigualdad social, enriquece a grandes empresas mientras condena a la ciudadanía a la pobreza.
2. Una ecotasa para gestionar, proteger, mantener y desarrollar los espacios naturales.
3. Una transición energética, responsable y justa, en manos públicas y al servicio de la población.
4. Conservación del suelo rústico, potenciando y fomentando la soberanía alimentaria de la ciudadanía.
5. Una moratoria turística y vacacional, y una regulación urgente de la compra de viviendas no destinadas a la residencia y con un uso especulativo. Prohibición de comprar casas a los fondos de inversión. Las casas son para vivir, no para especular.
6. Una garantía del acceso a la vivienda, al agua y a la energía como derechos fundamentales.
7. El abandono inmediato de la investigación de Tierras Raras con fines mineros.
8. Una ordenación del territorio respetuosa con el paisaje y que ponga en el centro nuestras vidas, permitiendo proteger nuestro patrimonio y nuestra cultura.
9. Un estatuto de neutralidad que nos permita vivir en un territorio pacífico.
10. La elaboración de una Ley de residencia que regule de manera definitiva el crecimiento demográfico del archipiélago.
Necesitamos una isla solidaria que respete la vida.
Basta ya, se acabaron las excusas.
¡CANARIAS TIENE UN LÍMITE!
