Para entender la suspensión repentina de la gratuidad del transporte público, en Canarias y en toda España, hay que comenzar por el Congreso de los Diputados, con el decreto Ómnibus que el Gobierno del país llevó a votación este miércoles, sin contar previamente con los apoyos necesarios.
El ejecutivo que lidera Pedro Sánchez (Partido Socialista y Sumar) buscaba convalidar las medidas aprobadas en diciembre, entre ellas, la prórroga de la subvención al transporte público, el aumento de las pensiones no contributivas, o un paquete de ayudas para paliar la DANA en Valencia.
En un principio, todos los dedos señalaron a PP, Junts y Vox, por tumbar el decreto. Aunque en el fondo, al presentar una serie de medidas a modo de “pack”, la pregunta que en realidad le hacía el PSOE al PP era: “¿Te vas a atrever a votar en contra de subir las pensiones o de mandar dinero a Valencia, donde gobiernan tus compañeros?”.
Y vaya que si se atrevieron. PP, Vox y Junts per Catalunya votaron en contra, desatando el caos en Canarias, ante la caída de una medida con que contaban todas las administraciones de las islas para mantener la gratuidad del transporte público.
La realidad, es que el problema parte del mismo decreto Ómnibus, al incluir en una sola votación temas muy distintos. No solo la subida de pensiones y la gratuidad del transporte, también la subida del SMI, ayudas para La Palma, para las zonas afectadas por la DANA, y otros temas que la oposición rechazaba frontalmente, en materia de energía, okupación o la cesión al PNV del Palacete de París.
De esta manera aunque las justificaciones del voto en contra de PP, Junts y Vox tienen muchas lagunas -su principal interés, al fin y al cabo, es que caiga el Gobierno de Pedro Sánchez-, gran parte de la responsabilidad la tiene también el Partido Socialista, por plantear ese órdago a sabiendas de que no las tenía todas consigo. Ninguno de estos temas se podía votar por separado. Se podía debatir el decreto, pero no hacer enmiendas. Era un "lo tomas todo, o lo dejas todo”.
"No vamos a dejar tirados a los canarios"
María Fernández
Cuando saltó la noticia, con todas las autoridades y medios de comunicación en FITUR, se produce una carrera de explicaciones, justificaciones y sobre todo, culpabilizaciones mutuas.
Apareció María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias (y miembro de CC) tratando de calmar los ánimos, asegurando que se buscarán.
Fernández dijo que "no vamos a dejar tirados a los canarios", y dio una clave importante, relatando la buena sintonía en su trato directo con el Ministerio de Transportes. A pesar del desaguisado político, a nivel interno, parece que los cargos técnicos del Estado están por la labor, y además, el dinero está consignado, considerando que los Presupuestos Generales del Estado del año pasado están prorrogados.
sí, el Gobierno de Canarias solicitó por escrito al Ministerio que busque alguna fórmula para poder vehiculizar esa financiación hacia Canarias. La Dirección General también ha planteado al Ministerio que una solución posible puede ser la de desarrollar un decreto que contemple en exclusiva el mantenimiento de la gratuidad y las condiciones en las que se desarrollaría en cada Comunidad Autónoma.
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma reaccionan en FITUR
En FITUR también reaccionaron los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, anunciando que mantendrán la gratuidad del transporte en sus respectivas islas, independientemente de lo que ocurra.
“Los derechos consolidados no pueden ser moneda de cambio para batallas políticas entre los del Partido Socialista y los del Partido Popular. A veces uno piensa que en política todo no vale”, manifestó el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, tal y como recogió La Voz de Fuerteventura.
Lola García, lamentó que los afectados sean estudiantes que deben desplazarse para su formación profesional, pacientes que no tienen coche y necesitan acudir al único hospital de la isla, trabajadores que dependen del transporte público para ir a trabajar. “Estamos cansados de ese abandono y ninguneo”, señaló la presidenta de Fuerteventura.
García se comprometió también a mantener el servicio: “De los 9 millones de euros que cuesta el transporte gratuito, 2 millones los aportaba el Estado. Ahora, nosotros tendremos que asumir esa cantidad, pero no podemos permitir que esta medida tan importante desaparezca”.
Y por parte de La Palma, Sergio Fernández compartió su “rotundo rechazo”, declarando que “ni el Partido Socialista ni Partido Popular están siendo responsables”, lamentando “que nos sigan tratando como ciudadanos de segunda”.
Desde Tenerife y Gran Canaria, los cabildos de las islas capitalinas han anunciado también que cubrirán los costes del servicio, dando tiempo a que el Estado y el Gobierno de Canarias se pongan de acuerdo para solucionar el problema.
¿Transporte gratuito para siempre?
Más allá de que el Gobierno de España divida el decreto ómnibus y lleve las medidas a votación por separado -para eso, tiene que pasar al menos un mes- todo este embrollo ha puesto sobre la mesa el cuestionar la medida misma.
Porque no debe olvidarse, la gratuidad del transporte se estableció en respuesta al incremento de costes por la Guerra en Ucrania, y si bien el servicio se ha implantado con éxito, cabe preguntarse si continúa vigente la emergencia que lo motivó, y el quid de la cuestión, quién debe pagarlo.
Las posturas de los partidos canarios, más en el discurso que en las soluciones
Las posiciones de los principales partidos de Canarias incluyeron todo tipo de acusaciones y reproches, cada uno contra sus rivales predilectos.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) cargó contra el presidente regional Fernando Clavijo por mantener al Partido Popular en el Ejecutivo autonómico. Román Rodríguez cuestionó una vez más la coherencia de Clavijo. Para NC-BC, “no es justificable que se sacrifiquen” las necesidades de las canarias y los canarios por mantener al PP en el Ejecutivo canario “a cualquier precio”.
También calificó como "traición" el voto del PP, en contra de medidas esenciales como las pensiones, el transporte público gratuito y las ayudas a La Palma. Además, instó al Ejecutivo estatal a buscar soluciones inmediatas para compensar el perjuicio causado por la derogación del decreto.
La diputada y portavoz de los canarios del Partido Socialista, Dolores Corujo, criticó la postura del Partido Popular tras su voto en contra del decreto que contemplaba medidas de alto impacto social, como la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte público y las ayudas a la reconstrucción de La Palma. Según Corujo, "viven para la confrontación y no para servir a los ciudadanos". Además, acusó a los diputados canarios del PP de actuar con una "responsabilidad cómplice" al alinearse con una oposición que "no defiende los intereses de Canarias".
El PP, dijo Corujo, "rechaza que se revaloricen las pensiones de 12 millones de españoles, incluido los más de 341.000 que hay en Canarias, que haya ayudas al transporte público, tan importantes también para nuestra tierra, o incluso para los afectados y la reconstrucción de La Palma. Es realmente decepcionante la deriva de este Partido Popular”.
Según Lima, el PP buscará que "la revalorización de las pensiones, las ayudas a La Palma y la gratuidad del transporte público se aprueben sin mezclarlas con medidas que nada tienen que ver". Y achacó a este Gobierno de trileros, "que usan a Canarias y a los canarios para sus manejos y engaños”.
