El PSOE de Puerto del Rosario se ha pronunciado públicamente para rechazar a la decisión del Gobierno de Canarias, anunciada el pasado 3 de enero de 2025, de revocar el Catálogo de Vestigios Franquistas. Esta medida, adoptada tras un requerimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, elimina este instrumento aprobado en noviembre de 2022.
La agrupación considera "crucial para que las Islas no caigan en un limbo legal en el que cada administración pública pueda obrar según le venga en gana en relación a tan importante cuestión".
El secretario general del PSOE en Puerto del Rosario, Juan Jiménez, ha calificado esta decisión como "un retroceso en las políticas de memoria democrática" y ha señalado que "un solo ayuntamiento de los 88 canarios no puede condicionar la memoria democrática del Archipiélago entero".
El Gobierno de Canarias, continúa Jiménez, "avala la querencia de un Ayuntamiento por mantener a buen recaudo vestigios vergonzosos de nuestro pasado reciente, tratando de evitar la necesaria eliminación de los vestigios franquistas, que hay que barrer de toda Canarias”.
El "Monumento a Franco" en Santa Cruz, voces a favor y en contra
Este vestigio "vergonzoso" al que se refiere Jiménez, es el conocido popularmente como "Monumento a Franco", la escultura del artista Juan de Ábalos situada en la rambla de la capital tinerfeña desde 1966, y que en su última denominación oficial, que le da el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es el de "Monumento a la Victoria".
Debido a la sentencia judicial que obliga al Cabildo de Tenerife a incoar un expediente de Bien de Interés Cultural para este monumento en concreto, en los últimos meses la institución insular ha propuesto renombrar la obra como “Monumento para la Concordia”, a lo que inmediatamente respondía el Ayuntamiento de Santa Cruz, pidiendo dejar en el aire el nombre, aprobar el BIC para poder rehabilitar la escultura, y finalmente consensuar la resignificación del monumento mediante un proceso de participación ciudadana.
Ambas instituciones, sin renegar de la Ley de Memoria -el Cabildo llegó hasta el Supremo para evitar la obligación de tramitar el BIC-, se posicionan a favor de mantener la escultura, y esa resignificación estaría relacionada con evitar las alusiones a "la victoria" o al "ángel caído", como también llamó anteriormente a la obra la corporación municipal.
La polémica rodea a toda la obra del artista nacido en Mérida, por ser autor de una amplia producción por encargo del régimen franquista, como las esculturas de la base de la cruz del Valle de los Caídos, el Monumento a Luis Carrero Blanco, en Santoña, o el mismo Monumento a Francisco Franco de Oviedo, entre otras muchas.
La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, cuya denuncia derivó en la mencionada sentencia, defiende el valor artístico e histórico de una obra que considera un "tesoro patrimonial irremplazable". Esta entidad rechaza la resignificación de la obra porque, consideran, no incluye referencias explícitas a Francisco Franco ni exaltaciones ideológicas, y defiende su valor artístico y patrimonial.
Afirma este colectivo que la escultura no hace referencia ni a la "victoria" ni al "ángel caído", sino que en realidad se llama "Monumento a la Paz de Tenerife", y según dicen, así figura en el inventario de la Fundación Juan de Ávalos.
Esta Fundación es la que lidera el hijo del artista, y se presenta como "defensora de la verdad frente a los excesos de la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica". Juan de Ávalos Carballo, en una entrevista reciente con el diario El Día, sostenía que “Franco sabía que mi padre era un rojillo, pero también sabía que era el mejor cuando lo contrató”.
Por el contrario, otras fuentes defienden que el nombre original es el de "Monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado", aunque no se materializó por encargo directo del régimen, sino que fue una obra civil financiada con aportaciones populares, en un intento de las autoridades locales de adular al dictador.
En el expediente original del Gobierno de Canarias, la inclusión del monumento en el Catálogo de Vestigios está fundamentada en los informes de los técnicos de Patrimonio que reconocen una amplia simbología franquista en la escultura, como publicó Canarias Ahora..
Un monumento del franquismo, Bien de Interés Cultural por sentencia
La sentencia que obliga al Cabildo a incoar este expediente fue resultado de un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que argumentó el valor artístico y único de la obra de Ávalos en Canarias. Según el fallo judicial, la escultura debe quedar protegida no solo por su relevancia como pieza escultórica, sino también por ser un ejemplo singular de la obra del artista en las islas.
El Catálogo de Vestigios Franquistas se aprobó en 2022 por el Gobierno de Canarias, incluyendo 79 elementos relacionados con el franquismo solo en Santa Cruz de Tenerife. Este documento fue revocado tras alegaciones del Ayuntamiento, que argumentó la falta de un trámite de audiencia en su elaboración y la inexistencia de una Estrategia Regional de la Memoria Histórica.
Ante ello, el grupo socialista de la capital majorera recuerda que si el Gobierno de Canarias publicó en mayo de 2024 los primeros pasos para la derogación de dicho Catálogo, ante el que recurrieron para presentar alegaciones algunas asociaciones como las ya mencionadas, entre ellos la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, "que pretende que quede en pie el monumento a Franco en la capital tinerfeña", entiende que sí existió ese trámite de audiencia.
Para el líder socialista en la capital majorera, Juan Jiménez, "la reparación histórica no debe hacer concesiones a caprichos que ignoren las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista", dijo, remarcando que "no se pueden permitir decisiones que diluyan la responsabilidad de eliminar los vestigios de ese oscuro pasado en Canarias"
Por todo ello, el PSOE de Puerto del Rosario reclama una revisión de esta decisión y la aplicación efectiva de las políticas contempladas en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que la construcción de una memoria compartida debe prevalecer sobre intereses locales o partidistas.
Desde el PSOE de Puerto del Rosario, trasladaron en un comunicado, "estimamos que esta medida coercitiva denosta las medidas contempladas en la Ley de Memoria Democrática, que marca políticas públicas claras que den cumplimiento a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, como herramientas esenciales en la construcción de una memoria democrática compartida que, no solo supere las heridas causadas por la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, sino que además sirva de sólido fundamento a una verdadera cultura democrática".
Si bien el comunicado de la agrupación atribuye al último "gobierno socialista" el promover el catálogo, la norma que mandata su elaboración (Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista") fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento de Canarias, con el apoyo de los grupos de CC, PSOE, PP, NC y ASG, y el voto en contra de Podemos.
