Las administraciones públicas de Canarias continúan intensificando acciones para lograr una distribución equitativa de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Actualmente, el archipiélago tiene en acogida a 5.500 menores migrantes no acompañados, y el objetivo es conseguir una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería en el Congreso que habilite ese reparto.
En esta ocasión, ha sido con la firma de un acuerdo a nivel de todo el archipiélago, en que el Gobierno de Canarias convocaba este lunes a representantes de todos los cabildos insulares, fuerzas políticas (excepto Vox), y entidades del tercer sector.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló la gravedad de la situación, con una red de acogida totalmente desbordada, y enfatizó que este acuerdo es crucial para garantizar un presente y un futuro digno para los más de 5.500 menores actualmente tutelados en las islas. Clavijo también anunció que el contenido de la reforma se presentará en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, con la esperanza de que todas las comunidades autónomas respondan solidariamente.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, asistió a la firma del acuerdo, afirmando que "no estamos hablando de cifras, son niños y niñas que se juegan la vida, están lejos de sus familias y deben ser atendidos correctamente en entornos sanos y seguros".
García también hizo hincapié en la urgencia de agilizar la determinación de la edad de los menores para evitar la masificación de los centros de acogida. Esta reforma legal no solo aliviará la carga sobre Canarias, Ceuta y Melilla, sino que también establecerá mecanismos para que, cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, se active de inmediato el traslado de menores a otras comunidades.
Según se desprende de las comunicaciones oficiales del ejecutivo canario y desde la institución insular, el objetivo es asegurar que todos los niños y niñas migrantes reciban la atención y protección necesarias mediante la mencionada distribución solidaria, y ante la urgencia que, aseguran, supone la crisis humanitaria que afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló al término del encuentro que “Canarias acaba de demostrar que solo tiene una voz en la gestión migratoria” y abogó por que “esa voz sea escuchada y atendida por el resto de Comunidades Autónomas, por el Estado y por la Unión Europea”.
Este acuerdo se ha producido tras presentar el Ejecutivo canario la misma medida a los grupos del Congreso a finales de junio, y antes de la próxima Comisión Intersectorial de Infancia, prevista para el próximo miércoles.
Clavijo reconoció durante el encuentro la “gravedad” de la situación con una red de acogida “totalmente desbordada y que no tiene capacidad para seguir incrementando plazas. Canarias -señaló- ha llegado a su techo y este acuerdo es la única respuesta para garantizar que estos niños y niñas tengan un presente y un proyecto vital”.
Un acuerdo para redistribuir 2.500 menores migrantes entre las comunidades españolas
La base de acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería acordado entre el Gobierno de Canarias y el Estado reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla, según informó el ejecutivo canario.
En la situación actual, supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo.
En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
Todo el Gobierno, cabildos y los 88 municipios de Canarias apoyan el reparto de menores migrantes
Al encuentro, presidido por el presidente, Fernando Clavijo, también asistió el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, José María Riestra, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Por parte de los Cabildos rubricaron el acuerdo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Gran Canaria, Antonio Morales, de La Palma, Sergio Rodríguez, de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Fuerteventura, Lola García, de El Hierro, Alpidio Armas y el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes.
Asimismo, los 88 ayuntamientos canarios estaban representados por la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, Mari Brito, los vicepresidentes, Ana Dorta, Armando Raúl Dorta y Rosa María Chinea, y el vocal del Comité Ejecutivo de la FECAM, Francisco Atta. En cuanto a los grupos parlamentarios asistieron a la reunión el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, del Partido Popular, Luz Reverón, del Partido Socialista, Sebastián Franquis, de Nueva Canarias, Luis Campos, de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, del Grupo Mixto, Raúl Acosta, y del Grupo Vox, Paula Jover, único grupo que declinó suscribir el acuerdo.
Dieciséis entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de los menores no acompañados rubricaron el acuerdo para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería a excepción de UNICEF y ACNUR que no firmaron por formar parte de Naciones Unidas, y Save the Children y Cruz Roja, que no lo hicieron al no estar presentes en la reunión los representantes legales de estas dos entidades, no obstante, las cuatro ongs mostraron su respaldo total al documento. El resto de entidades fueron Cruz Blanca, Nuevo Mundo, Nuevo Futuro, Quorum, SAMU, Coliseo, ASPROINFA, FEPAS, Siglo XXI, ACCEM, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fundación CEPAIM.
