Los gobiernos de Canarias y del Estado están de acuerdo en establecer un mecanismo legal que permita derivar a otras comunidades autónomas, al menos como medida extraordinaria, una parte de los 5.800 menores migrantes que actualmente tutela el Gobierno de Canarias.
Pero hacerlo realidad dependerá de alcanzar una mayoría en el Congreso, bien con los votos del Partido Popular, o bien de las fuerzas políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y que por el momento no son suficientes.
Las dos figuras de las islas al frente de las negociaciones son el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y su predecesor en el cargo y actual ministro ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se reunieron este jueves para definir las condiciones de una eventual reforma de la Ley de Extranjería.
Aunque en este encuentro no definieron aún la fórmula, el presidente Clavijo adelantó que barajan una propuesta de decreto ley u “otra fórmula legislativa” que sirva para “aliviar la situación límite” que vive Canarias.
Los gobiernos de Canarias y España se han dan plazo de diez días para presentar una propuesta consensuada entre los servicios jurídicos de ambas administraciones, que tenga “todas las garantías” jurídicas para ser elevada a la Abogacía del Estado o al Consejo de Estado, pues existen discrepancias entre los servicios jurídicos del Estado y de Canarias.
La opción del decreto ley que plantea Clavijo implica aprobar un texto cerrado en el Consejo de Ministros y presentarlo al Congreso. La otra opción, que defiende el gobierno central, es la proposición de ley, es decir, un trámite ordinario abierto a debate y enmiendas entre todas las fuerzas de la cámara baja.
Pero esta última opción ya fue rechazada anteriormente. La propuesta de CC, PSOE y Sumar para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería fue tumbada por la mayoría de Junts, PP y Vox, a finales de julio.
En aquel momento, la propuesta buscaba introducir un mecanismo automático de reparto obligatorio cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. En el caso de Canarias, esto permitiría derivar a unas 3.000 personas menores de edad a otras comunidades. La medida también beneficiaría a Ceuta y Melilla, que cuentan con más de 400 menores acogidos, frente a unas capacidades oficiales de 166 y 88 plazas, respectivamente.
Dos semanas antes de aquella votación, la sola manifestación del PP de mostrarse abierto al reparto se llevó por delante la estabilidad de cinco comunidades autónomas, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada ese mes en Tenerife, que acordó la distribución de apenas 347 menores de Canarias y Ceuta por el mecanismo voluntario.
Vox rompió los cinco Gobiernos autonómicos que compartía con el PP, dejando a los populares gobernando en solitario en Castilla y León, Aragón, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Extremadura.
El reparto de los menores migrantes desde las distintas posturas políticas
La posición de Coalición Canaria es de sobra conocida, siendo este tema uno de los principales caballos de batalla del gabinete de Presidencia del ejecutivo canario, apelando continuamente a la comprensión de otras comunidades.
Este jueves, Fernando Clavijo se mostró confiado en que la gran mayoría de las fuerzas políticas apoyen su propuesta de distribución extraordinaria de menores. “Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia como la que vive Canarias”, dijo, recordando que el archipiélago “siempre ha ayudado a otras comunidades autónomas y esperamos la misma solidaridad”.
Para Ángel Víctor Torres, por su parte, “el problema es el Partido Popular, que no quiere que se distribuyan menores en los territorios donde gobiernan”, dijo el mismo jueves en declaraciones a la Cadena SER.
Al parecer del ministro socialista, el rechazo de los populares es "porque gobiernan con la ultraderecha”, en referencia a VOX, y “les han dicho claramente que si hay reparto de menores bloquearán los presupuestos”.
Para modificar el Artículo 35 de la Ley de Extranjería, explicó, “no hay otra opción que hacerlo en Cortes Generales, mediante una propuesta legislativa que ya dirán los servicios jurídicos si puede ser por Decreto Ley o Proposición de Ley”.
Ángel Víctor Torres acusó también al Partido Popular de borrarse del debate, y les trasladó que “si estamos hablando de proposiciones de Ley, ellos pueden incluir las enmiendas que quieran”.
Desde el Partido Popular, que gobierna en la mayoría de comunidades españolas, y por lo tanto serían estas las receptoras de una eventual distribución, el papel más complicado lo tiene el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.
Domínguez se ha pronunciado en sus redes tras el encuentro entre Clavijo y Torres, trasladando la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez en un ámbito más amplio que el de los menores.
Según el líder de los populares en las islas, “no hay voluntad del Gobierno de España de solucionar los problemas que genera la inmigración irregular en nuestra tierra”, lamentando “los fallecidos, el desbordamiento de los sistemas de atención y la creciente sensación de abandono”.
Además, acusó a Sánchez y Torres de intentar romper su pacto con Coalición Canaria -”abiertamente lo han dicho”-, y de “un chantaje que no se merece Canarias.”
Los requisitos del Partido Popular: Estrategia y Financiación
En su día (septiembre), Manuel Domínguez -que tiene el difícil papel de equilibrar su discurso como vicepresidente de la comunidad canaria más castigada, sin comprometer a su propio partido- habló de una serie de requisitos para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería.
Fueron cuatro, convocar la conferencia de presidentes, que ya se produjo, y otros tres: declarar una situación de emergencia, establecer un cupo mínimo y máximo, y una financiación compartida entre el Estado y las comunidades a partir de ese cupo.
El Gobierno de Canarias ha cifrado, una vez cerrado 2024, que el coste para las arcas autonómicas de los 81 centros abiertos en todo el archipiélago ha sido de 180 millones de euros. De estos gastos, el Estado ha aportado ya 50 millones, un compromiso asumido meses atrás.
El Partido Popular esgrime que, en caso de producirse una distribución, no suponga un sobrecoste excesivo para las comunidades autónomas receptoras.
Nacionalistas, la izquierda, Vox y el Senado
Los populares también han hablado de certificar la edad de manera indubitable antes de cerrar cualquier traslado, una postura que, por ejemplo, ha esgrimido también Podemos en el Congreso.
Por parte de los nacionalistas, el PNV ya ha manifestado en boca del presidente de Euskadi, Imanol Pradales, que apoya la propuesta, y parece que otras fuerzas regionales como ERC y EH Bildu, mantienen su voto favorable, al igual que en julio. Entonces, UPN se abstuvo.
El bloqueo, por lo tanto, proviene de Junts per Catalunya, que mantiene su distancia con el Gobierno de Sánchez, y plantea o bien dejar fuera a Cataluña, o acordar una acogida mínima en ese reparto extraordinario. Justifican su postura alegando que actualmente ya acogen a más de dos mil menores migrantes dentro de su propio sistema.
Por último, en ningún escenario cabe esperar alguna aportación de Vox a este proceso. En el Congreso, mantienen su rechazo frontal a cualquier medida migratoria del Gobierno, y lo que han dicho es que "estamos en contra de la política de puertas abiertas" y del "efecto llamada".
Entre todas las opciones posibles, cabe la posibilidad de que esta modificación de la Ley de Extranjería termine en el senado como proyecto de ley. En este escenario, la mayoría absoluta del Partido Popular en la cámara alta podría enmendar completamente cualquier acuerdo alcanzado en el Congreso.
Las fuerzas de centro-derecha concentran actualmente la mayor parte del poder regional en España, en las autonomías y el Senado, ante un Gobierno de España debilitado en sus apoyos parlamentarios nacionalistas y de izquierda. La distribución solidaria entre comunidades ya no se practica, y resolverlo dependerá de alcanzar un acuerdos en las cortes españolas.
