La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, que absuelve a Mario Cabrera y Manuel Miranda del delito de prevaricación, durante su etapa como presidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero delegado del Caaf. Ambos habían sido acusados por supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, un caso que se prolongó durante seis años.
La Audiencia Provincial ha desestimado los argumentos del Ministerio Fiscal, rechazando cualquier infracción en el proceso de contratación y descartando la existencia de fraccionamientos ilegales en los contratos. "Con esta sentencia, queda claro que jamás se cumplieron los requisitos necesarios para que hubiera delito de prevaricación", trasladó en un comunicado la formación de ambos dirigentes, Coalición Canaria - Asamblea Majorera.
Según la defensa, a cargo de los letrados Carlos Cabrera Padrón y Sonia Álvarez, se ha demostrado la "total inocencia" de los acusados. La investigación, iniciada en 2018, se centró inicialmente en cinco personas por presuntas irregularidades en cuatro contrataciones, pero las acusaciones se redujeron a dos asuntos concretos: la contratación de retroexcavadoras y el transporte de agua en cubas. Ambos puntos fueron "completamente desmontados" durante el juicio,
Un acoso judicial que tachan de persecución y consideran injustificado
El fallo marca el fin de un proceso judicial que, según Asamblea Majorera - Coalición Canaria, nunca debió llegar a este punto. La formación denuncia que Cabrera y Miranda han sido objeto de una "persecución judicial y acoso injustificado", lo que afectó no solo a su vida personal y profesional, sino también a sus familias y entorno cercano.
Más allá del plano legal, la formación considera que en torno al proceso judicial se han producido "acusaciones infundadas", que han supuesto un perjuicio no solo para Mario Cabrera y Manuel Miranda, sino también para sus familias y entorno cercano.
Durante este tiempo, tanto los acusados como sus allegados han tenido que soportar el desgaste emocional y personal de un procedimiento judicial que, a pesar de su fragilidad, se ha alargado injustificadamente, afectando de manera profunda su vida personal y profesional.
Además, lamentan que el proceso haya coincidido con momentos políticos claves para Fuerteventura y para Canarias. La investigación comenzó en 2018, y coincidió con cuatro elecciones generales, locales y europeas, algo que para CC-AM no ha sido más que un intento de "manchar el nombre y la reputación de dos personas que, hoy queda demostrado, actuaron de acuerdo a la ley".
Por todo ello, tanto Cabrera como Miranda han querido reconocer el apoyo recibido. Ambos consideran que “seguir sintiendo al pueblo de Fuerteventura de nuestro lado ha sido esencial para sobrellevar esta afrenta”. Asimismo sienten que a pesar de estar en mitad de un proceso judicial, durante cuatro campañas consecutivas, “la población de la isla ha mantenido su confianza en Asamblea Majorera -Coalición Canaria, algo por lo que siempre estaremos agradecidos”.
