El reparto de una fracción de los menores migrantes acogidos en Canarias entre el resto de comunidades autónomas españolas ha roto cinco gobiernos autonómicos, todos aquellos que preside el Partido Popular en pacto con Vox, Castilla y León, Aragón, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Extremadura. Las excepciones son Madrid, donde los populares tienen mayoría absoluta, Baleares, donde el gobierno está en minoría, y Canarias, donde el pacto es con Coalición Canaria.
El motivo esgrimido por Vox es que el PP acepta la propuesta de los gobiernos de Canarias y estatal a establecer por Ley una distribución obligatoria de los menores extranjeros no acompañados, en caso de que alguna comunidad se encuentre desbordada.
Es lo que ocurre actualmente en Canarias, donde la cifra de menores en acogida se ha elevado hasta los 5.600, habiendo tenido el Gobierno canario que ampliar de 60 a 80 los centros de acogida durante el último año. Desde 2022, el resto de comunidades ha evitado cumplir los acuerdos, hasta ahora voluntarios, de apoyar a las regiones más sobrecargadas en este ámbito.
El Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo (CC) al frente, y el Gobierno de España, con el impulso de su predecesor y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), y con el apoyo de Sumar, posaron este lunes en el Congreso tras registrar la reforma de la Ley de Extranjería que habilitaría un reparto obligatorio y automático, y no de manera solidaria, como venía ocurriendo hasta ahora.
La redistribución por el territorio nacional de los menores extranjeros no acompañados (MENA) acogidos en Canarias no es algo nuevo. Se venía realizando durante los últimos años de manera solidaria.
Sin embargo, las comunidades no han recibido a los 396 menores en Canarias que se acordó distribuir en octubre de 2023, tras la conferencia sectorial de la Infancia, con la excepción de Asturias, Aragón y Navarra, que han recibido a 16 de los acogidos en Canarias, y Andalucía a otros 30 procedentes de Ceuta, según los datos facilitados por el Gobierno estatal.
Qué propone la reforma de la Ley de Extranjería que promueven CC, PSOE y SUMAR
La base de la Proposición de Ley registrada en el Congreso de los Diputados este lunes, para la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla.
El criterio para definir la situación de saturación de un territorio, será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
Según informó el Gobierno de Canarias en un comunicado, este lunes, esto supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados, en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo.
En el aire los apoyos a la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores extranjeros entre CCAA
El Gobierno de Canarias ha activado todos los mecanismos a su alcance para conseguir los apoyos que necesita, comenzando por acoger en Tenerife una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a principios de julio, para reactivar el diálogo con el resto de comunidades autónomas, diputaciones, y federaciones españolas de municipios y provincias que participan en el órgano. Aunque solo asistieron 7 de las 17 comunidades españolas.
En segundo lugar, convocando a reuniones a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, para explicarles uno a uno la propuesta de reforma, y tratar de recabar apoyos.
Sin embargo, aunque el ejecutivo canario, cuando explica todas estas negociaciones, desprende un cierto triunfalismo en su discurso, la realidad es que no las tiene todas consigo.
El Partido Popular, como partido mayoritario en la oposición en el Congreso de los Diputados, tiene en su mano aprobar la reforma que propone el Gobierno, tal y como reconoció que haría, y apuntalando el apoyo a sus compañeros del PP canario, con Manuel Domínguez al frente.
Pero la última declaración de los populares al respecto, ha puesto una serie de condicionantes sobre la mesa. Borja Semper, vicesecretario de los populares a nivel nacional, compareció este lunes, 15 de julio, en Génova, y añadió al debate una serie de condicionantes, al tiempo de mostrarse ambiguo a la hora de reconocer explícitamente si apoyará o no la reforma de la Ley.
Las peticiones del Partido Popular al Gobierno son, según desveló Semper, “declarar la emergencia migratoria”, “recursos y financiación a las comunidades autónomas”, que el Gobierno “se implique en la gestión de los menores no acompañados”, “un mayor control de nuestras fronteras”, “un proceso de negociación con Europa para que nuestros socios europeos también nos ayuden a adoptar medidas”, y por último, “pedimos inversiones y acuerdos en los países de origen donde las mafias hacen su agosto”.
Y tras enumerar estas seis acciones, agregó que “pedimos por lo tanto un Plan Nacional de Inmigración. Pedimos una propuesta completa”, pensando “no solo en el día de hoy, sino a medio y largo plazo”, y “herramientas para afrontar este fenómeno con responsabilidad”.
Tampoco están claros los apoyos habituales al Gobierno de España en el Congreso. El PNV ha anunciado que apoya la reforma, pero condicionada a modificaciones en el debate parlamentario, mientras que desde Cataluña, Junts y ERC han sugerido excluir a su comunidad del reparto, argumentando que ya acogen a miles de estos menores.
La tercera vía, un Decreto Ley
Por último, y ante la incertidumbre generada por los partidos representados en el Congreso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, añadió una nueva propuesta al debate.
Desde Madrid, tras registrar este lunes el anteproyecto de Ley, Clavijo propuso abrir una vía paralela, la del Decreto Ley, que nos permita “ser más ágiles y más garantistas”, dijo, para garantizar “la distribución equitativa de los niños y niñas que llegan a las islas entre todos los territorios, blindando así los derechos de la infancia, los tratados internacionales, una atención digna y un proyecto de vida que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario”.
Lo que propone el presidente de CC es que PSOE y Sumar aprueben en Consejo de Ministros la propuesta de reforma, y aunque esta se debatiría en el Congreso, sería sin las modificaciones que se produjeran durante el debate, si la reforma se tramitara como proyecto de Ley.
Sin embargo, la realidad es que las tres formaciones cuentan con apoyos suficientes por ahora. Si se establece o no por ley el reparto de los menores extranjeros que acogen las comunidades autónomas más sobrecargadas, dependerá en gran medida de la postura del Partido Popular y los partidos catalanes y vascos.
