La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha solicitado formalmente una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para trasladarle la preocupación de miles de familias que viven directa o indirectamente de esta actividad.
En una carta abierta al presidente, el colectivo que preside Doris Borrego, denuncia que la Ley de Vivienda Vacacional que ha iiciado ya su trámite parlamentario, amenaza a la continuidad de una actividad en que, exponen, el 89% de los inmuebles están en manos de pequeños propietarios.
La asociación cifra en 1.700 millones de euros el impacto directo del sector, con 140 millones en concepto de IGIC, y sostiene que su demonización no resolverá el problema de la vivienda en Canarias.
También exponen un listado de demandas al Parlamento y al Gobierno de Canarias, tras lamentar que no se hayan tenido en cuenta las más de 5.000 alegaciones presentadas en la fase de consulta pública, de las que argumentan, el 67% de los ciudadanos se expresaron en contra.
Las demandas de ASCAV
Entre estas demandas, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional plantea una moratoria de un año para frenar el impacto inmediato del proyecto de ley, y propone un nuevo texto consensuado con participación de agentes sociales.
Piden también consolidar la consolidación de las viviendas inscritas con anterioridad, la eliminación de requisitos añadidos no exigidos a nuevas altas, y la inclusión de tipologías actualmente excluidas, como viviendas en asentamientos agrícolas o fuera de ordenación.
ASCAV también solicita permitir la comercialización individual de apartamentos en complejos sin empresa explotadora, autorizar la transmisión hereditaria de la actividad y establecer un tratamiento diferenciado entre pequeños propietarios y grandes tenedores, evitando que todos sean regulados bajo el mismo marco legal.
A continuación, se reproduce al completo la carta de ASCAV.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS, D. FERNANDO CLAVIJO BATLLE
Estimado D. Fernando Clavijo:
En el día de hoy (por este martes), hemos solicitado cita con usted para trasladarle la inquietud y preocupación de miles de familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional, particulares y emprendedores que han arriesgado su capital para prestar servicios a esta actividad y que sustentan miles de puestos de trabajo, sin olvidar que el 89% de los inmuebles vacacionales están en manos de pequeños propietarios.
Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional entendemos que el asunto tiene la suficiente relevancia como para recoger la sensibilidad del sector a este respecto y reunirse con nosotros, puesto que conformamos un importante fragmento del sector alojativo turístico de las islas.
Una parte de la ciudadanía se está expresando alto y claro desde que comenzó la tramitación de la Ley de VV, la más importante que pretende aprobar este Gobierno por su trascendencia social y económica, pero también urbanística.
De las más de 5.000 alegaciones presentadas en consulta pública cuando se inició el Anteproyecto de Ley de VV, más del 67% de los ciudadanos se expresaron en contra. Ahora en el trámite parlamentario, ASCAV solicitó la participación ciudadana a la Mesa del Parlamento y a pesar de todas las dificultades que presentaba, 990 ciudadanos trasladaron su disconformidad a esta Ley. Paralelamente, ASCAV inició una recogida de firmas y en pocos días, más de 6.000 manifiestos fueron firmados por ciudadanos particulares y 685 fueron firmados por parte de asociaciones, federaciones de empresarios y empresas. La entrega en el Registro en sede parlamentaria tuvo lugar ayer, 21 de abril.
Desde ASCAV, entendemos que el devenir de esta Ley nos incumbe a todos, por lo que la responsabilidad del Gobierno a este respecto es vital. Ciudadanos, instituciones locales y muchos sectores económicos estratégicos para Canarias no podemos esconder nuestra preocupación ante lo que podría suponer la desaparición de una actividad con la que subsisten miles de familias, bien sea porque permite cierto bienestar y una economía complementaria o porque hace que prolifere un tejido empresarial autóctono que genera oportunidades en nuestra tierra.
Sin duda, un impacto directo del sector que se cifra (a la baja según ASCAV) en nada más y nada menos que en 1.700 millones de euros y 140 millones tan sólo en concepto de IGIC. Sin duda, esta cifra merece la oportunidad de una continuidad consensuada.
A estas alturas, no resulta creíble trasladar que tenemos culpa de las circunstancias de la falta de vivienda en Canarias que recoge el argumentario de motivos de la ley que se pretende aprobar, cuando todo el mundo sabe que la falta o encarecimiento de vivienda se debe a otras circunstancias, máxime cuando la oferta de viviendas residenciales en venta es de 30.000 unidades, tenemos 211.000 viviendas vacías y la construcción de vivienda social en los últimos 15 años es prácticamente inexistente. Además, usted también tiene conocimiento que el 40% de la oferta de vivienda residencial ha salido del mercado por culpa de una Ley de vivienda que no da seguridad jurídica a los propietarios.
Por tanto, ¿por qué se insiste en demonizar un sector para justificar una Ley que va a imposibilitar que las familias canarias se puedan favorecer directamente de los beneficios de un turismo que es de todos?
Somos incapaces de concebir que no sea posible un diálogo constructivo, consensuado e integrador que permita velar por el interés de todos los canarios y residentes, también por los que tienen vivienda vacacional.
En relación al proyecto de ley de VV, le adelantamos y resumimos las principales alegaciones que fueron presentadas por ciudadanos al Anteproyecto y Proyecto de Ley en fase de tramitación parlamentaria, en espera que tenga a bien recibirnos en una pronta reunión.
ALEGACIONES DE ASCAV AL ANTEPROYECTO DE LEY
-
Moratoria urgente y limitada a un año, con el fin de frenar el efecto llamada del proyecto de ley.
-
Negociación de un nuevo proyecto de ley, consensuado con agentes sociales y administraciones públicas.
-
Consolidación del uso de la oferta existente. Que las viviendas vacacionales que han presentado su declaración responsable con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, y que están debidamente inscritas en el Registro General Turístico de Canarias, queden consolidadas expresamente.
Ya se optó por esta solución en la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, relativa a los usos residenciales en zonas turísticas, cuando se consolidó los existentes a 1 de enero de 2017. Se solicita que se aplique el mismo criterio.
En defecto de lo anterior, se reclama una consolidación real de las viviendas vacacionales y no la prevista en la disposición transitoria primera, cuyo único objetivo es eliminar a cuantas más viviendas vacacionales mejor. Se propone que, para consolidar el uso, se requiera la declaración responsable ya presentada y la cédula de habitabilidad o un proyecto técnico que acredite que el inmueble cumple con las exigencias de habitabilidad, salubridad e higiene. -
No exigencia de comunicación previa de actividad clasificada a las viviendas vacacionales ya inscritas en el Registro General Turístico de Canarias. Esa comunicación no se exige a las nuevas altas tras la entrada en vigor de la ley (artículo 6), que también ejercen la actividad con una declaración responsable. Por tanto, se solicita que se aplique el mismo criterio a las ya existentes.
-
Posibilitar la comercialización individualizada de los apartamentos y bungalows en complejos turísticos en los que no haya empresa explotadora.
-
No exclusión de las viviendas vacacionales fuera de ordenación y en asentamientos agrícolas.
-
Eliminación de la definición del artículo 2 sobre vivienda unifamiliar aislada.
-
Posibilidad de transmisión mortis causa de la declaración responsable de vivienda vacacional ya inscrita en el Registro General Turístico de Canarias.
-
Diferenciación entre vivienda vacacional de pequeño propietario y de gran tenedor.
