Tras la II Conferencia de Presidentes, el ejecutivo canario ha difundido las medidas surgidas del proceso de 51 Medidas para la Canarias del Futuro, una propuesta para el cambio de modelo en las islas que incluye temas como vivienda, transición energética o cohesión territorial, y destacando la atención a los municipios pequeños. Los colectivos de Canarias Palante reaccionaron, rechazando de plano el anuncio por oportunismo y falta de participación
Fue este martes, 19 de noviembre, cuando el Gobierno de Canarias presentó en rueda de prensa una hoja de ruta para afrontar el reto demográfico en el Archipiélago, cifrando en 763,4 millones de euros los que se destinan a este fin en los presupuestos de 2025. Las medidas incluyen incentivos fiscales, inversión en vivienda, formación y transición energética, y tienen como objetivo impulsar un modelo de desarrollo sostenible.
Fernando Clavijo trasladó el compromiso de asumir “esa hoja de ruta desde el minuto uno”, y que se contempla en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 acciones enmarcadas en la Estrategia fijada en la Conferencia de Presidentes.
El presidente canario cifró en 763,4 millones de euros esa inversión en las islas, “de las que 97 serán incentivos fiscales, que tendrán entre sus objetivos fijar la población en los municipios con menos de 10.000 habitantes”. A estas medidas se sumarán, además, las cantidades destinadas por los cabildos insulares y los ayuntamientos.
En el acto intervinieron desde la FEACAI los presidentes de Gran Canaria y Tenerife, destacando principalmente la situación de despoblamiento en las llamadas "islas verdes" (La Gomera, el Hierro y La Palma), y las necesidades en los municipios de menos de 10.000 habitantes.
Ese mismo día, y aunque no intervino en el acto, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, emitió un comunicado señalando que las necesidades para la isla majorera van, por el contrario, en la línea de "contener el crecimiento e ir a una planificación territorial respetuosa con nuestros recursos, y con el bienestar de los que aquí vivimos”.
En el documento difundido desde el ejecutivo, con el resultado de la Consulta Pública a las 51 Medidas para la Canarias del Futuro, Gesplan resumen las 66 aportaciones, la mayoría ciudadanas, clasificadas por fecha, municipio y temática. En ninguna de ellas el origen de las aportaciones proviene de un municipio o institución de Fuerteventura.
13 millones para energía y desalación de agua en todas las islas
En el ámbito de la Transición Ecológica y Energía, el gobierno adelantó que las cuentas de 2025 contemplan partidas para la optimización del consumo energético en la desalación, así como la la implantación de sistemas de gestión inteligente de bombeo, entre otros, que supondrán una inversión de 13 millones de euros. Esta cifra se sumaría a "a los proyectos para mejorar la gestión eficiente de la red de distribución de agua y a incrementar la reutilización de aguas residuales tratadas", aunque la nota institucional no detalla los importes.
Cabe recordar que esos 13 millones de euros no se detallan en función de cada isla, y que sólo para Fuerteventura, el Plan Hidrológico Insular aprobado desde el propio Gobierno en octubre, cifra las necesidades de la isla en más de 200 millones de euros hasta 2027, y destinadas a ejecutar 222 actuaciones en materias como la calidad de las aguas, el suministro a la población, sector primario, o la prevención frente a sequías e inundaciones.
Participación pública, pero no ciudadana, denuncian los colectivos
Clavijo destacó la importancia de un acuerdo alcanzado en el marco de un foro institucional que reúne a los cabildos, ayuntamientos, universidades públicas y el Consejo Asesor del Presidente. “Estamos construyendo una realidad que repercutirá en una mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias”, dijo, y subrayó que estos cambios “ni son fáciles ni serán inmediatos”, pero confía en el consenso entre las instituciones para su implementación.
A las 51 medidas se suma crear un grupo de trabajo, que estará coordinado por Presidencia del Gobierno de Canarias, y del que formarán parte los consejeros responsables de las cinco mesas de trabajo, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la Federación Canaria de Islas (FECAI), las dos universidades públicas canarias y el Consejo Asesor del Presidente.
De este trabajo surgirá el diseño de la Estrategia Canaria del Reto Demográfico y la Cohesión Territorial, cuyo plan de acción comenzará a trabajarse “de forma inmediata”, y “también se someterá a las aportaciones y mejoras de la ciudadanía”, con el objeto de ser aprobado por el Consejo de Gobierno en el segundo semestre de 2025.
“El Gobierno de Canarias nos ha ignorado"
- Colectivos del 20A de la plataforma Canarias Palante
Desde el colectivo Canarias Palante, que se manifiesta en nombre de los colectivos del 20A, emitieron un comunicado posterior criticando el “oportunismo” del Gobierno canario.
Según este colectivo, tras las movilizaciones del 20 de abril solicitaron reunirse con el gobierno canario para crear una mesa de negociación en la que tomar decisiones conjuntas, con el fin de encaminar al archipiélago hacia un modelo más sostenible, “con la filosofía y el convencimiento de que las instituciones deben escuchar lo que se reivindica en las calles y abrirse a un diálogo con la ciudadanía”.
Pero esta solicitud, protestan, presentada por registro de entrada el pasado mes de mayo, “fue ignorada por el Gobierno”.
Este colectivo afirma haber recabado 1200 propuestas de la ciudadanía de todas las islas del archipiélago, frente “a la ridícula cifra de 66 aportaciones ciudadanas”, obtenidas en el proceso de las 51 medidas del Gobierno. Aunque no aclaran en su escrito si presentaron o no alguna de sus propuestas al proceso de participación pública abierto desde el Gobierno.
La alternativa a Canarias, el modelo de Baleares
De la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, Canarias Palante destaca que “las propuestas del gobierno llegan a plantear incluso más cemento y piche”, en relación a a medidas “dirigidas a acelerar la concesión de licencias urbanísticas, poniendo el foco en el desarrollo urbanístico y turístico de las zonas rurales y de las islas con menor población”.
También criticaron las “declaraciones al viento” de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, hablando de saturación, o las de su homólogo grancanario, Antonio Morales, que plantea una moratoria a la vivienda vacacional “pero sin hacer absolutamente nada para legislarla”.
Mientras tanto concluyen, “otros territorios como Baleares, aunque de manera aún insuficiente, avanzan aplicando algunas de nuestras demandas como la tasa turística que se aplica en el archipiélago desde hace una década y que se destina a fines conservacionistas, han sido pioneros en medidas como exigir camas elevables en hoteles, limitar el número de cruceros diarios en el puerto de Palma, prohibir el alquiler vacacional en la capital de Mallorca o limitar el número de visitas turísticas y la cantidad de vehículos de alquiler”.
