La actualización de la Ley del Suelo que tiene previsto impulsar el Gobierno de Canarias ya cuenta con conclusiones previas a iniciar el proceso de reforma, tras una ronda de encuentros técnicos con empresas públicas y administraciones de toda Canarias que ha convocado, durante los últimos seis meses, la Consejería de Política Territorial.
“Se ha detectado que las administraciones locales requieren de mayor personal para aplicar la Ley”, y que es necesario “diferenciar entre instrumentos complejos de gran alcance y otras modificaciones de menor calado”, trasladó el consejero titular del área, el majorero Manolo Miranda, en un comunicado emitido este jueves, 25 de julio.
Miranda destacó también que en el marco del debate generado, será imprescindible “aportar más claridad a algunos artículos interpretables”, o “analizar el procedimiento de comunicación previa o la motivación de los proyectos de interés insular”.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, explica el comunicado, detalló que este “proceso de escucha”, ha consistido en una serie de encuentros convocados desde la empresa pública Gesplan, y los que han asistido el personal del Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, y técnicos de municipios, cabildos, y órganos ambientales.
En total, han sido unos 700 profesionales los participantes en los diferentes foros y mesas de trabajo, más de 200 técnicos municipales e insulares, una treintena de expertos de los órganos ambientales, y unos 500 profesionales en las diferentes jornadas organizadas por las instituciones colaboradoras.
Manuel Miranda agradeció la felicitación pública manifestada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) respecto al proceso de escucha, y ha reiterado que el Gobierno “va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes”.
El siguiente paso, remitir el borrador de la Ley del Suelo al Parlamento de Canarias
El consejero Miranda anunció también que antes de finalizar el año, la Consejería de Política Territorial remitirá al Parlamento de Canarias un primer borrador para consensuar su aprobación con los distintos grupos políticos.
Este proceso que han llamado “de debate y escucha” dio comienzo a finales de 2023, durante la celebración del congreso anual de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR).
Y su último episodio fueron las tres jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, un encuentro que contó con representantes de colegios profesionales, empresarios, sindicatos y colectivos ecologistas.
