El Ayuntamiento de Antigua ha resuelto el expediente de ejecución forzosa del llamado Plan Parcial de Las Salinas, que integran el complejo Salinas Golf Resort, y unas 200 viviendas y villas que se encuentran en el interior y alrededor del campo.
La medida implica que la institución puede finalizar los equipamientos de la parcela, recepcionar las obras que el promotor nunca entregó, y a partir de ahí asumir la gestión y el mantenimiento de las zonas urbanizadas, respondiendo a la demanda de los propietarios que compraron en la zona, tras varios años denunciando su abandono.
Con la resolución de este expediente, iniciado hace en torno a un año, las arcas municipales recuperan los 670.468,98 euros del aval bancario que aportó en su día como depósito la entidad promotora, Ramiterra S.L., lo cual “garantiza la finalización de las obras de urbanización con arreglo al proyecto aprobado”, anunciaba el Ayuntamiento de Antigua en un comunicado reciente.
Matías Peña valoraba la medida como una “magnífica y singular victoria”. Decía el comunicado municipal que resuelve “en un año veinte años de expedientes, procedimientos y justificada demanda vecinal de abandono e incumplimientos por parte de la entidad promotora”.
El llamado Plan Parcial de Las Salinas, (Suelo Urbanizable Programado - Sector 9) se aprobó definitivamente en 2001, habilitando para urbanizar 45 hectáreas del espacio que hoy ocupa el complejo Salinas Golf Resort. El resto de polígonos urbanizados, dentro de las 105 hectáreas del plan parcial, se fueron aprobando paulatinamente con posterioridad, en torno a 2007.
Expropiación forzosa, una fórmula singular
Como defiende el alcalde, la fórmula de la ejecución forzosa es "singular" en Antigua, por no haberse aplicado en el municipio anteriormente, aunque no pionera en Fuerteventura. Otros ayuntamientos ya la han aplicado por ejemplo en Tuineje, rescatando el plan parcial Llanos de la Higuera en 2019, en La Oliva con Tamaragua, en 2007, o en 2018 en Pájara, resolviendo la ejecución forzosa de la urbanización de La Pared, en este caso por sentencia judicial.
Explicaba el alcalde que el expediente de expropiación forzosa de Las Salinas se ha resuelto en un año, aunque las quejas vecinales y negociaciones infructuosas con los promotores se remontan más atrás.
En diciembre de 2022, se reunían políticos, técnicos y asesores del ayuntamiento con el administrador concursal, Marcelino Alamar Llinas, quien entonces trasladó su “voluntad de finalizar las obras”. La urbanización residencial, explicó el consistorio en un comunicado, está constituida por más de once comunidades vecinales y cerca de 240 viviendas.
En otro comunicado de junio de 2020, el consistorio recibía a los vecinos de la calle Maresía, “afectados por el costoso servicio de agua, el mal estado de la Urbanización todavía sin recepcionar, y demás problemas de seguridad”.
El promotor, Ramiterra, S.L., había entrado en concurso de acreedores en el año 2012. Así que el Ayuntamiento de Antigua ha venido informando de las reuniones y negociaciones con este último, durante al menos los últimos cuatro años.
Abandono general, agua de mala calidad, y compartida con el campo de golf
Las protestas vecinales por el mal estado de la urbanización se han venido intensificando todos estos años, por el progresivo deterioro de las dotaciones de alumbrado, aceras, asfaltado, agua, presencia de okupas...
Otra queja ha sido una constante para los propietarios de la zona es la mala calidad y el alto coste del agua. La desaladora de la urbanización abastece no solo a los polígonos de villas y viviendas, sino también al campo de golf.
Al parecer, antes del concurso de acreedores, Ramiterra se desvinculó de la sociedad que gestiona la desaladora Aguas de Salinas, “que se supone estaba generando beneficios”. Así lo denunciaron los vecinos en declaraciones para la Voz de Fuerteventura, que a lo largo de estos años ha cubierto en profundidad la problemática de esta urbanización.
En la información publicada por Pía Peñagarikano en abril de 2021 -colaboradora también de Fuerteventura Digital-, un grupo de propietarios denunciaba la “tomadura de pelo” de Ramiterra al ayuntamiento y al administrador concursal, quien según explicaron entonces los vecinos, desconocía todos los incumplimientos de la promotora.
Los propietarios se quejaban de que cuando había cortes de suministro, se demoraba su reparación, y denunciaban el hecho mismo de que el promotor apartara del concurso la sociedad gestora del agua, Aguas de Salinas, un equipamiento de la urbanización que, dijeron los vecinos, “se supone que da beneficios”.
El Ayuntamiento de Antigua asumirá la gestión de Las Salinas y todos sus servicios
El concejal responsable de las áreas de Urbanismo y Planeamiento de Antigua, David Alberto, ha atendido a Fuerteventura Digital para explicar más detalles sobre el expediente de ejecución forzosa y sus implicaciones.
Con respecto a la estaciones desaladora y depuradora asociadas al plan parcial de Las Salinas, David Alberto explicó que “son de cesión obligatoria”, al igual que el resto de servicios de la zona urbanizada.
Una vez ingresado el depósito en las cuentas del ayuntamiento, queda por delante “redactar el proyecto para finalizar los equipamientos de alumbrado, aceras, pavimentación, instalación eléctrica, etc.”, los cuales serán sufragados, señaló Alberto, utilizando el dinero del aval recuperado.
Como había anunciado el Ayuntamiento de Antigua este viernes, 19 de julio, será el consistorio “quien realice la ejecución forzosa de los servicios urbanísticos necesarios en la urbanización de Las Salinas de Antigua, valorados en 779.178,20 euros”. Son unos 110.000 euros por encima del aval recuperado, un sobrecoste que la corporación asume con gusto, si ello implica resolver definitivamente los problemas de la urbanización.
Ejecución forzosa, una medida aplicable a otras urbanizaciones
El alcalde Matías Peña enviaba en el mismo comunicado un mensaje para las urbanizaciones en situación similar, pues la medida de la expropiación forzosa significa, dijo Peña,
“un precedente en este Ayuntamiento ante otros procedimientos de ejecución de planes parciales abiertos con otros promotores en el municipio”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo en Antigua subrayó que “seguimos trabajando en los expedientes de otras dos urbanizaciones sin recepcionar”, haciendo referencia específicamente a Fuerteventura Golf y a la zona industrial Costa de Antigua.
“Seguimos trabajando en los expedientes de otras dos urbanizaciones sin recepcionar”
El Plan Parcial Las Salinas es el Sector 9 en el planeamiento municipal, que incluye el campo de golf aprobado en 2001, y los polígonos de villas y viviendas desarrollados más tarde, en torno a 2007.
Los otros dos planes parciales mencionados por David Alberto son el Sector 3, correspondiente al complejo Fuerteventura Golf Club, justo al norte de Las Salinas Golf, y el Sector 7, que acoge la zona industrial de Costa de Antigua, donde se ubican las grandes superficies comerciales entre El Matorral y la zona turística de Antigua
David Alberto reconoce que las deficiencias en todas estas urbanizaciones, tanto en Las Salinas como en los sectores 3 y 7, se deben a que “la legalidad no nos permite acometer las inversiones”. La responsabilidad es del promotor, y el ayuntamiento no puede asumir la gestión pública de estos espacios mientras los promotores no finalicen las obras tal y como fueron proyectadas.
En este sentido, el concejal confía en que después de las reuniones mantenidas, “los promotores avancen y entreguen estas urbanizaciones”. Eso sí, dejó claro que no cabe otra fórmula que acondicionar estas urbanizaciones “conforme al proyecto inicial”.
Como conclusión, cabe señalar lo extendida que está en Fuerteventura la problemática que en este caso afronta el Ayuntamiento de Antigua. Promotores privados que obtienen las bendiciones de la administración para desarrollar urbanizaciones que, con el paso de los años, por un motivo u otro, quedan abandonadas.
Los casos son desgraciadamente numerosos en la isla majorera, y los afectados son tanto los propietarios que recibieron de los ayuntamientos cédula de habitabilidad en urbanizaciones sin recepcionar, enquistando la situación, como el propio territorio majorero. Cuando las urbanizaciones no llegaron a desarrollarse, dejan tras de sí una penosa estampa de esqueletos de bloque y cemento a medio hacer.
La normativa urbanística establece tres opciones de intervención pública para ejecutar un planeamiento (artículo 97 del TRLOTC), la cooperación, la ejecución forzosa y la expropiación. La primera opción ha sido la más común en la isla majorera, constituyendo juntas de compensación que en muchos casos no llegan a buen puerto.
La ejecución forzosa puede ser una fórmula viable, como pretende demostrar Antigua. Y en cuanto a la expropiación, se ha aplicado en la isla para recuperar bienes de interés patrimonial, como por ejemplo, el entorno de la Casa de los Coroneles.
Cabe preguntarse si, como ha llegado a plantear algún cargo público majorero, cabría una mayor decisión por parte de la administración a la hora de hacer frente a los promotores que incumplen sus obligaciones. Más aún, en el actual escenario de emergencia habitacional, y ante la acuciante carencia de vivienda que sufre la isla majorera.
