El Cabildo de Fuerteventura y la Plataforma No Tierras Raras han reiterado su oposición a la extracción de tierras raras en la isla, apoyándose en un informe técnico de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, el cual expone las "graves deficiencias" de una solicitud de permisos "contrarios a derecho", y niega el derecho de la empresa solicitante a recibir compensación alguna en caso de serle denegada la solicitud de exploración.
El dictamen jurídico ha sido emitido por el área de dependiente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, a solicitud de la presidenta insular, Lola García, y está firmado por el doctor en Derecho Martín Orozco Muñoz. El jurista recoge en su informe que la admisión a trámite de la solicitud presentada por Tenáridos a la Dirección General de Industria "es contraria a Derecho", y que el expediente elaborado por esta empresa subsidiaria del Grupo Satocan presenta "graves deficiencias y omisiones".
El Cabildo emitió un comunicado al respecto este martes, exponiendo deficiencias legales como las imprecisiones en los proyectos de investigación, o la falta del informe previo del órgano ambiental sobre la incidencia en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Además, el documento destaca que la actividad proyectada resulta incompatible con el suelo rústico de protección ambiental, cultural y territorial, según lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). Especialmente, se prohíbe toda actividad extractiva en el entorno de la Montaña de Tindaya en un radio de tres kilómetros, siendo el entorno cercano del Monumento Natural una de las zonas que Tenáridos solicitó explorar.
Sin derecho a indemnización por denegar la exploración de tierras raras
Finalmente, se señala que la denegación de las solicitudes no genera derecho indemnizatorio para la empresa. En este punto, se genera una contradicción con lo expuesto por los máximos dirigentes del ejecutivo regional, como el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez, quienes han justificado el mantener el expediente vivo para evitar indemnizaciones, o han planteado la opción de derivar los derechos a una empresa pública como el ITC.
El dictamen, expone la Plataforma, aclara definitivamente también un tema que parece preocupar significativamente al Gobierno: las indemnizaciones. “La denegación de solicitudes de permisos de investigación o, en su caso, de solicitudes de concesiones de aprovechamiento no genera derecho indemnizatorio para el solicitante", y de hacerlo, agrega el Cabildo, sería "solo en casos de negligencia administrativa específica".
En este sentido, la Plataforma No Tierras Raras, considerando que las solicitudes de Tenáridos se basan completamente en el trabajo de investigación de las universidades públicas, plantea una reflexión adicional:
“Si presentar unos papeles vagos y llenos de imprecisiones pudiera generar indemnizaciones millonarias, ¿por qué las universidades públicas, cuyos estudios financiados con dinero público han sido utilizados, no deberían también reclamar indemnizaciones?”.
- Plataforma No Tierras Raras
Deficientes informes de biodiversidad y espacios protegidos
Por otro lado, y con respecto al informe de biodiversidad aportado en el expediente, se concluye que el inventario ambiental presentado es claramente deficiente, dado que no se ha tenido en cuenta prácticamente ningún componente de la biodiversidad en lo que respecta a especies protegidas, hábitats naturales de interés comunitario y espacios integrantes de la Red Natura 2000.
El informe es contundente al respecto al reflejar que "no se ha realizado una adecuada evaluación del impacto ambiental de los trabajos incluidos en los proyectos de investigación y sus posibles repercusiones en el medio natural".
Y la Plataforma añade otra consideración del dictamen, al cuestionar la conveniencia de autorizar unos trabajos previos para el posterior desarrollo de unas actividades extractivas que, en sí mismas y de ser autorizadas, serían "incompatibles con la conservación de los elementos de biodiversidad descritos para los ámbitos afectados".
Fuerteventura exige la anulación de los permisos
Tanto el Cabildo como la Plataforma han instado al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto las resoluciones de admisión a trámite y retroceder los procedimientos al punto previo, subrayando la importancia de evaluar las propuestas bajo estrictos criterios ambientales, territoriales y culturales, para garantizar la protección del territorio
La presidenta Lola García reafirmó el compromiso de la institución:
“Nuestra postura es clara e inquebrantable: no permitiremos actividades extractivas que pongan en peligro el equilibrio ambiental y nuestro patrimonio”.
- Lola García
Por su parte, la Plataforma exige que el Ejecutivo actúe sin retraso: “Es fundamental restablecer el Derecho y "cumplir con la voluntad de la ciudadanía, del Parlamento, de los Diputados, del Cabildo de Fuerteventura, de todo los Cabildos de Canarias, de todos los Ayuntamientos de Fuerteventura y de todos los grupos políticos que los componen".
