El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha acordado, a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, considerar el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen.
Una vez que entre en vigor, defendió el Gobierno en un comunicado, supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.
En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.
Más allá de este comunicado, el sector de trabajadores sociales de Canarias había rechazado este fórmula, al hacer posible el trámite sin la intervención de este colectivo de profesionales.
“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.
Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.
La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas dependientes y a sus familias. Cabe recordar que la nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones totales en el mes de enero de 2025 superó los 12,4 millones de euros, con los que se realizó la cobertura de ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia de 29.441 personas en el Archipiélago. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 58% en tan solo 18 meses de legislatura.
“Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas -en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la ratio es de 1,38 por persona, la media nacional es 1,40- y que, según el informe del IMSERSO, disponible en su página web, a 31 de enero de 2025, se otorgaban 65.078 prestaciones, 21.410 prestaciones más que al inicio de esta legislatura”, desveló.
“En definitiva, esta legislatura supone un punto de inflexión en lo que a gestión de la Dependencia se refiere. Está claro que nos gustaría resolver de un día para otro los expedientes, pero por el momento no se puede. Entre otras cosas, la financiación del Estado, que tiene que ser al 50%, sigue siendo escasa. El esfuerzo económico que se realiza desde esta Comunidad Autónoma, incluidos los cabildos, que no olvidemos que son los que tienen los centros residenciales, es muy superior a la que se espera de cualquier autonomía”, añadió la titular del departamento.
Bienestar Social lleva al Gobierno el proyecto de decreto de la tarjeta que acredita el grado de discapacidad
Digital o física, la tarjeta facilitará el acceso a los beneficios que corresponden a las personas con esa condición
Por otro lado, en un segundo comunicado, el Gobierno de Canarias, informó sobre otro acuerdo sobre discapacidad. A petición de la misma Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el Consejo de Gobierno acordó tomar en consideración el proyecto de Decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención, así como elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto para recabar su informe.
Según se exponen en el proyecto de Decreto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, tanto digital como física, se dotará de esta tarjeta a las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de proporcionarles un instrumento útil para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, y facilitarles así el acceso a los beneficios de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.
La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil. “Es una acción muy demandada por las personas del colectivo, porque evita que estas tengan que llevar a diario el decreto de resolución de su grado, y simplemente mostrarlo en el móvil”, aseguró en rueda de prensa la consejera Candelaria Delgado.
Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
