El Comité de afectados del Casco Viejo de Corralejo ha recibido un varapalo judicial con la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que absolvió a José Manuel Jiménez del Valle, y a los otros nueve acusados, en el juicio penal por estafa a raíz de la venta de las propiedades que, como ya ha dictaminado de manera incuestionable la justicia en el ámbito civil, pertenecían a los vecinos y vecinas del pueblo.
La información parte de la sentencia en favor de Jiménez del Valle que publicó Diario de Fuerteventura el 28 de junio –la sentencia se hizo pública el 26, aunque el juicio fue en octubre-, y ha tenido continuidad cuando el colectivo informaba en un comunicado sobre un segundo juicio penal por estafa programado esta semana, en este caso contra Luis Hernández Pérez, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, exdiputado autonómico y exconsejero de Economía del Gobierno de Canarias.
El juicio oral, previsto para este jueves 11 de julio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario, fue aplazado por cuestiones de salud del tribunal. Aprovechando esta pequeña tregua, Fuerteventura Digital contacta con los representantes de los vecinos, para valorar la situación.
123 sentencias acreditan la propiedad de los vecinos de Corralejo
La casa de los cazadores, la casa de la partera, la casa del señor Sandalio, la casa de Antoñito el Farero... Así hasta 65 inmuebles, las antiguas propiedades del casco antiguo de Corralejo que segregó, al obtener licencia por silencio administrativo del Ayuntamiento de La Oliva, la empresa Delval Internacional, que administraba el principal acusado del proceso, Jiménez del Valle.
Allí habitaban familias de pescadores. Eran las únicas construcciones que había en el pueblo echando la vista atrás, apenas unas décadas, antes de la explosión urbanística que transformó el caserío de Corralejo, convirtiendo las calles de arena en avenidas comerciales, el paisaje dunar en hoteles y restaurantes, los riscos en diques.
Aunque la justicia haya dado la razón a las familias y herederos de aquel caserío -en torno a medio centenar de las afectados ha fallecido durante el proceso-, nadie les quita el mal trago, la incertidumbre y el miedo a perder sus casas a lo largo de estos más de veinte años de batalla.
Porque la justicia civil, en hasta 123 sentencias favorables en primera instancia, en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo, ha constatado que los legítimos propietarios de todos esos inmuebles eran los vecinos y vecinas de Corralejo. Al fin, las han podido registrar a su nombre.
Un mal trago para el “tiburón de tierra”
Ahora que empiezan a resolverse los procedimientos por la vía penal, y una vez que la Audiencia de Las Palmas absolvió a todos los acusados, el colectivo del Casco Viejo anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo.
Miguel Socorro, representante del Comité de Afectados, en su entrevista con Fuerteventura Digital, llama “el mayor tiburón de tierra” a José Manuel José Manuel Jiménez del Valle.
Junto a él, el pasado octubre, se presentaron ante la justicia otros ocho acusados. Pero a pesar de la sentencia que les exime de responsabilidad penal, dice Socorro, "al menos les hemos dado su merecido. Les hemos sentado en el banquillo, y su mal trago han pasado. Dormir, no creo que hayan dormido bien”, considera Socorro.
Y adelanta: “Estamos a la espera de que nos admitan el recurso”, para llevar el caso al Supremo. Será la última oportunidad para que los vecinos sientan “que se ha hecho justicia”.
"El magistrado no nos ha entendido”.
Sobre una sentencia que, considera la Audiencia Provincial, ha sido más un “conflicto de intereses” entre los propietarios en disputa, sin observar delito alguno de estafa, ni siquiera impropia, Miguel Socorro cree que "el magistrado no nos ha entendido”.
“Si este señor (Jiménez del Valle) no tenía nada en el Casco Viejo, y vende una cosa que no era de él... Si eso no es una estafa, ¿qué es? Un señor que lleva más de cuarenta años en el pueblo, y que sabía lo que había, tenía conocimiento...”.
Porque detalla Miguel Socorro, el ponente en la Audiencia Provincial era conocedor del caso, al haber participado en procedimientos civiles anteriores que daban la razón a los vecinos.
“¿Que no ha habido daño patrimonial?, vale”, pero es que, protesta Socorro, no solo no se les reconoce la indemnización que solicitaban, sino tampoco las costas judiciales. En su opinión, la sentencia no refleja los hechos expuestos en el juicio, pues "el Ministerio Fiscal, y el abogado de la acusación, hicieron una exposición brillante".
Una estafa en que los perjudicados guardan silencio
Por ejemplo, en el caso penal contra José Luis Hernández Pérez, pendiente de juicio tras el aplazamiento este jueves, 11 de julio, considera Miguel Socorro que lo que hizo “fue una chapuza”, para intentar conservar la propiedad de la llamada Casa de Los Cazadores.
El expresidente de la Autoridad Portuaria compró la propiedad en 2003 a Sincronía 99, empresa de Jiménez del Valle, por 462.779 euros (Canarias Ahora, 2013). Pero esa sentencia de 2013 dio la razón a la comunidad propietaria, reflejando que ambos, comprador y vendedor, “tuvieron medios racionales para conocer que la casa estaba siendo objeto de posesión”.
Y fue después de esa sentencia, llegando a 2019, relata Socorro, cuando Hernández Pérez realizó una serie de operaciones entre empresas de las que él mismo tenía el control, "para tratar de conservarla". Y además, añade, "con el agravante de que ya los procesos civiles constataban la titularidad de los vecinos".
Durante la entrevista, surge la cuestión de saber por qué los perjudicados en todas las operaciones no han actuado contra la trama. En el anterior juicio penal contra Jiménez del Valle, “lo dice el magistrado. En este caso, los estafados serían las empresas que compraron y los bancos que hipotecaron esas propiedades. Pero señoría, que son empresas fantasma. No tenían actividad. La Fiscalía también lo ha dicho en el juicio…”, lamenta Socorro.
La sentencia de la Audiencia, como reflejó Diario de Fuerteventura, fue tajante al dictaminar que las acusaciones, vecinos y Fiscalía, “adolecen de precisión a la hora de definir y delimitar el perjuicio que se dice causado". Rechaza el tribunal las reclamaciones de los vecinos (indemnizaciones y costas judiciales), al concluir que no es posible "concretar e incluso calificar la existencia de ese posible perjuicio, el cual se configura como un elemento clave de toda estafa, incluida la impropia”.
De esta manera, si como se desprende de la sentencia, los vecinos no son perjudicados al haber conservado sus propiedades, ¿qué ocurre con quienes sí las perdieron? Miguel Socorro se pregunta:
“¿Por qué no han puesto una querella criminal contra Jiménez del Valle? Para mí, hay una cosa que es el cooperador necesario. Está el que estafa, y el que ayuda a estafar, toda esta gente que ha ayudado para hacerle daño a un pueblo”.
El portavoz de los vecinos carga también contra otras partes implicadas, técnicos del Ayuntamiento de La Oliva que no impidieron la segregación de las propiedades a sabiendas de que no eran solares, sino inmuebles habitados y restaurantes en explotación, la notaría que aceptó el registro, el personal del Catastro a quien Socorro atribuye lazos familiares con la trama…
Ha sido un cúmulo de circunstancias que se han alineado para tener que llegar hasta aquí, y que para el portavoz de los afectados “no son casualidad”, sino más bien, “una causalidad”.
El origen del conflicto
El movimiento en defensa de los vecinos del Casco Viejo de Corralejo comienza en 2001, a raíz de que la mercantil Plalafusa SA vendiera a Delval Internacional, administrada por Jiménez del Valle, unos terrenos de casi 10.000 metros cuadrados en Corralejo, en cuyo interior se encontraban todas las construcciones del antiguo caserío.
Los vecinos y vecinas de Corralejo se percataron cuando comenzaron a llegar los compradores a reclamar los inmuebles, los carteles de "se vende", e incluso las amenazas de desalojo de entidades bancarias.
Para poder acreditar la propiedad de sus casas, han tenido que remontarse más de un siglo en la historia de La Oliva. El norte de Fuerteventura estaba en manos del poder señorial que administró la isla desde la conquista, y como explica Miguel Socorro, "a finales del siglo XIX, la Marquesa de La Florida compró a los Manrique de Lara la Heredad de Guriamen".
Ya en el siglo XX, en 1959, Plalafusa adquirió la finca madre que estaba en manos de Marcial Viñoly, 50.000 metros cuadrados que formaron parte de la también llamada Dehesa de Guariamen, o Huriamen, según la fuente.
En aquella compraventa de hace más de sesenta años, está la clave de todo. El documento recoge literalmente que "todo lo no edificado, deducida la superficie de las calles y las plazas, son solares pertenecientes a los propietarios de la finca matriz". Por lo tanto, defiende Socorro, "lo que se estaba vendiendo realmente no eran las casas, sino todo lo demás".
Todo eso, sin contar la usucapión extraordinaria, es decir, el derecho que tenían los habitantes de Corralejo por el mero hecho de residir en esos inmuebles, mucho antes de que existiera siquiera el Registro de la Propiedad.
El caso es que tras adquirir esos terrenos, cuyos linderos no estaban definidos, y sin aportar referencia catastral, Delval solicitó 65 licencias de segregación al Ayuntamiento de La Oliva, que obtuvo por silencio administrativo, y las registró a nombre de esa empresa.
A partir de ahí, comienzan los hechos ya conocidos. La lucha de los vecinos por conservar la propiedad del antiguo Corralejo, y desentrañar la maraña especulativa que originaron aquellas 65 segregaciones, que se quisieron hacer pasar por solares, cuando en realidad eran inmuebles, y que fueron objeto de incontables operaciones de compraventa, hipotecas, traspasos, cambios de titularidad...
La batalla ha sido larga y dolorosa. Los afectados del Casco Viejo, que han sido más de un centenar, han tenido que enfrentarse durante más de veinte años a los autores de la trama, y también a las empresas, particulares, bancos, cajas, fondos buitre... que adquirieron sus propiedades.
Y aunque han conseguido demostrar lo que todo el mundo sabía, que las casas eran suyas, ahora buscan justicia y reclaman compensación por los daños sufridos.
Que por lo menos, concluye Miguel Socorro, los autores de la trama "no se vayan de rositas".
